Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La palabra “reaccionario” significa, según la Real Academia Española, “perteneciente o relativo a la reacción (actitud opuesta a las innovaciones)”, y se aplica en forma muy pertinente al actual gobierno, que quiere dejar sin efecto varias innovaciones de sus predecesores frenteamplistas, mediante nuevas normas, y está empeñado en contrarrestar otras.
El Poder Ejecutivo realizó ayer una conferencia de prensa distinta, para periodistas del interior del país y mediante internet. Se reiteraron conceptos ya expuestos en ocasiones anteriores, y lo más interesante llegó en el tramo de preguntas y respuestas.
Cuando le pidieron al presidente Luis Lacalle Pou una previsión del impacto que tendrá esta crisis sobre el empleo, dijo que eso dependerá “de la vitalidad de las empresas”, y que “el gobierno no va a escatimar recursos en lo que hace al seguro de paro”. Hay un cambio significativo si tenemos en cuenta que, hace apenas un mes, el presidente mencionó al economista John Maynard Keynes al afirmar que ni él ni la ministra Azucena Arbeleche son “ortodoxos”, y que ambos están dispuestos a “usar todas las herramientas para prender la llave del país de vuelta”. Ahora Keynes puede seguir descansando en paz: en la perspectiva trazada anoche, la demanda de trabajo dependerá del sector privado. Volvemos a las ideas de los años 90 del siglo pasado.
Un poco después, a Lacalle Pou le preguntaron por su postura acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, y la respuesta fue que él tiene una “agenda provida” y votó en contra de la ley vigente, pero que vigente está, de modo que sólo le queda impulsar “una fuerte protección a los niños por nacer” y “una política de desestímulo de los abortos”, en el entendido de que “hay vida desde la concepción y, en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos”.
Es seguro que el presidente sabe qué tipo de grupos se autoidentifican como “provida”: para ellos, la palabra “reaccionario” se queda corta. Lacalle Pou sabe también que si impulsara la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pagaría un alto precio social y fracasaría en el Parlamento, así que –pese a su habitual reivindicación de la transparencia– toma por un camino tortuoso. La norma seguirá vigente, pero se intentará que las mujeres no ejerzan los derechos que se les reconocieron.
Cosas parecidas suceden con la política de seguridad pública. La iniciativa de plebiscito promovida por el actual ministro Jorge Larrañaga fue derrotada, pero él hace de cuenta que ganó en el balotaje: ha insistido en que las propuestas rechazadas por la ciudadanía pueden ser aprobadas ahora en el Parlamento, y aboga por el endurecimiento de las penas para adolescentes.
También es reaccionario que las actuales autoridades consideren que tienen derecho a disponer de los cuerpos de personas que ya fueron dadas de alta en el hospital Vilardebó, pero a las que no se les ha permitido salir de él, en nombre del cumplimiento de una cuarentena que perfectamente podrían realizar en sus casas. En este caso, la regresión no nos lleva algunos años atrás, sino a épocas muy anteriores.
Hasta mañana.