Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El brote de covid-19 en Treinta y Tres nos recuerda que venimos bien pero no estamos “del otro lado”, y que como al mundo le falta mucho para superar el problema, la reanudación gradual de actividades debe realizarse sin abandonar la cautela.
Todo indica que el origen de los 18 nuevos casos registrados en Treinta y Tres estuvo entre trabajadores de la salud, que por lógica tienen más posibilidades de contagiarse y contagiar que el promedio de la población. Ya se han activado, además de precauciones generales, previsiones para evitar que la situación afecte la capacidad de atención sanitaria mediante complementación de servicios por parte de los sectores público y privado, y con la puesta a disposición de colegas de departamentos cercanos.
Otros asuntos tampoco deberían darse por concluidos. Por ejemplo, es claro que en Presidencia de la República preferirían que las negociaciones en el Senado sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), con la oposición y dentro de la “coalición multicolor”, hubieran sido las últimas, y que el tratamiento de esa iniciativa en Diputados no implicara nuevos cambios. Sin embargo, hay indicios de que pueden producirse, y esto determinaría que la iniciativa vuelva a la llamada “cámara alta”.
Por un lado, desde el Partido Independiente y Cabildo Abierto se plantea que algunos de los artículos aprobados por los senadores son inconstitucionales o de dudosa constitucionalidad. Esto es una nueva muestra de que la premura con que tuvo que procesarse la discusión no permitió considerar con la debida prolijidad el texto.
Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció contra el actual artículo 11 del proyecto de LUC, que a su entender atenta contra la libertad de expresión y “sobreprotege” a la Policía. Si bien estas críticas no son novedosas, cabe la posibilidad de que ahora tengan consecuencias.
Durante el debate en el plenario del Senado varios oficialistas menospreciaron los cuestionamientos procedentes de “extranjeros”, incluyendo a los de la Organización de las Naciones Unidas, pero sucede que la SIP, una asociación de empresas periodísticas con sede en Miami, no es sospechosa de progresismo, sino todo lo contrario. En todo caso, las objeciones que plantea son muy oportunas: en medio de grandes protestas contra los abusos policiales como las que se registran en Estados Unidos y otros países, a la SIP no le parece muy adecuado establecer que quien agravie o insulte “a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas”, mediante “palabras, escritos o hechos”, será castigado con una pena de tres meses a un año y medio de prisión.
Nadie daba por terminadas las movilizaciones sindicales contra el proyecto de LUC, que incluso podrían continuar tras su aprobación parlamentaria, si se promueve un referéndum. Por lo pronto, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo resolvió convocar a un paro de 24 horas el jueves 2 de julio, con una movilización desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo, para expresar su rechazo a esa iniciativa.
Hasta mañana.