La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, asistió este miércoles a la Cámara de Diputados para entregar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón. Arbeleche concurrió acompañada, entre otros, por el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
En sus declaraciones a los medios de comunicación, la ministra se refirió a dos de los focos de la Rendición de Cuentas: la atención a la primera infancia y los recursos para la regularización y relocalización de asentamientos. Especificó que habrá unos 50 millones de dólares por año para el primero de estos puntos.
Acerca del segundo ítem, Arbeleche apuntó que en Uruguay hay entre 600 y 650 asentamientos y que es “un problema cuya solución no puede demorarse”. La Rendición de Cuentas crea un fideicomiso para la regularización y relocalización que se financiará con fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC), lo que ya despertó críticas de la oposición. La ministra señaló que se trata de nuevos ingresos de entre 15 y 20 millones de dólares que estaba previsto destinar a la compra de tierras para el INC, que ya cuenta con “más de 600.000 hectáreas”. Puntualizó que “no se trata de desvestir un santo para vestir a otro”, sino de preguntarse si “seguimos comprando tierras o abordamos un problema que es histórico”.
Consultada sobre la propuesta de los socios de la coalición de gobierno de reducir el cobro del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), la jerarca dijo que la Rendición de Cuentas no incluye ni la creación ni la modificación de ningún impuesto. “Estamos en permanente diálogo con los socios de la coalición, en ese diálogo se manejan todas estas alternativas”, dijo Arbeleche, antes de reiterar: “No es algo que estemos presentando en el día de hoy”.
Según consta en el proyecto de Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo dispuso otorgar una partida anual de 2.117 millones de pesos –unos 48,7 millones de dólares al cambio actual– para el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones destinadas a la atención integral de la primera infancia. Asimismo, crea un “equipo de coordinación” que tendrá como cometido “establecer el lineamiento y estrategia del programa” financiado con esta partida, así como distribuir el dinero entre las distintas instituciones públicas que lo ejecutarán.
El gobierno también resolvió asignar una partida para el ejercicio 2022 de 352 millones de pesos para el desarrollo de políticas de empleo dirigidas a jóvenes de entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad.
Plan de Dignidad Laboral
En el inciso del Ministerio del Interior, el proyecto plantea la creación del Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad, que busca fomentar el trabajo en emprendimientos productivos dentro de las unidades penitenciarias, y establece condiciones para la producción y venta de productos o servicios generados por las personas privadas de libertad. Los emprendimientos podrán ser personales o asociativos, integrados por hasta cinco personas.
Las personas privadas de libertad que formen emprendimientos deberán pagar un impuesto unificado, que se llamará Aporte Social Único, que se calculará sobre la base de un ficto de 6.500 pesos y que implica la afiliación al sistema de seguridad social. En el primer año de actividad se pagará 25% de las obligaciones tributarias, 50% en el segundo, 75% en el tercer año y a partir del cuarto año se comenzará a pagar la totalidad. En el caso de los emprendimientos personales podrán estar sujetos a este régimen quienes no alcancen 60% de los ingresos máximos previstos para las empresas del literal E, mientras que en el caso de los emprendimientos asociativos, podrá alcanzar el 100%.
Si bien el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) será agente de retención y podrá requerir documentación sobre el emprendimiento, recibir dinero proveniente de las actividades del emprendimiento, efectuar retenciones, participar como intermediario y comunicar al BPS cambios en los emprendimientos, el proyecto aclara que no existirá relación de dependencia.
Deducidos los impuestos y obligaciones, 60% de lo generado será entregado a la persona privada de libertad, mientras que el restante 40% será depositado en calidad de indisponible y cobrado cuando la persona obtenga su libertad, salvo que sea necesario para la continuidad del emprendimiento.
El INR podrá cobrar un canon de hasta 20% de los ingresos menos descuentos legales por el uso de las instalaciones penitenciarias. También se creará una comisión de seguimiento del plan y el Ministerio del Interior deberá rendir cuentas al Parlamento sobre su desempeño una vez al año.
Accesos por Uruguay Trabaja
En el área del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se crea el programa Accesos, con el que se buscará promover la inserción laboral y el desarrollo socioeducativo de los participantes de otros programas de la cartera y organismos públicos. Según se explica en el articulado, la política tendrá alcance nacional y actuará mediante “convenios con organismos e instituciones públicas y privadas”.
En paralelo, se deroga el programa Uruguay Trabaja. A diferencia de la política impulsada en los gobiernos del Frente Amplio, que determinaba que el acompañamiento se haría por “organizaciones de la sociedad civil u organismos públicos”, la nueva política incluye a empresas privadas.
Según se detalla, el programa tendrá dos fases: en la primera, el Mides abonará una prestación mensual equivalente a un salario mínimo nacional, “la que no tendrá naturaleza salarial ni retributiva, será personal, intransferible e inembargable y no podrá constituir garantía de obligaciones ni ser afectada por retenciones, excepto las derivadas de pensiones alimenticias”.
En la siguiente etapa, las empresas privadas o las organizaciones –que recibirán un “sello anual de ‘madrina’ por el compromiso con la política pública”– se encargarán del “pago de las cargas legales asociadas a las contrataciones, pudiendo estar exoneradas de los aportes patronales a la seguridad social por las contrataciones realizadas en el marco del programa, sin perjuicio de otros beneficios que se otorguen por ley o por acto administrativo”. Además, se habilita al Ejecutivo a “exonerar total o parcialmente por hasta un máximo de 12 meses los referidos aportes patronales a la seguridad social”.
Peaje y biodiésel
En materia de transporte, se dispone la obligatoriedad para los automóviles que circulen por las rutas nacionales de un “dispositivo de identificación electrónica” que facilite el pago del peaje, que será otorgado de manera gratuita por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Con este artículo el MTOP avanza en la automatización del peaje, tal como lo había anunciado el entonces ministro Luis Alberto Heber a fines de 2020. De un total de 400 trabajadores, las autoridades se habían comprometido a redistribuir a 250 y dejar en funciones a 150.
Por otra parte, se determina la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel que tiene Ancap, que mezcla en el momento de la producción este biocombustible con el crudo en busca de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según se sostiene en la exposición de motivos, “esto implicará la eliminación o reducción de un sobrecosto del precio del gasoil que beneficiará a todos los consumidores de dicho producto”. En 2007, a partir de un acuerdo multipartidario, se estableció la mezcla con biocombustibles de producción nacional, y en la Rendición de Cuentas también se modifica la mezcla de naftas y bioetanol, pasando el límite de 5% a 8,5% —Ancap ya mezcla por encima de ese nivel—.
Asimismo, se establece que esto irá de la mano con un compromiso del Poder Ejecutivo de “construir un fondo con parte de lo recaudado del impuesto a las emisiones de CO2 con destino a políticas para mitigar las emisiones de dióxido de carbono”. Según detalla el artículo 259 del proyecto del gobierno, “estará gravada la primera enajenación a cualquier título, y la afectación al uso propio, realizada por los fabricantes e importadores” de naftas, “con el monto que establezca el Poder Ejecutivo por tonelada de CO2 emitida”. El precio fijado para 2021 es 5.286 pesos por tonelada de CO2.
La propuesta de eliminación del biodiésel que llevó adelante el Ministerio de Industria, Energía y Minería ya suscitó polémica a la interna de la coalición a comienzos de este año. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, había dicho en esa oportunidad que “Uruguay asumió compromisos de reducción de las emisiones de carbono y esta decisión no iría en esa línea, pero puede cumplirse otra batería de medidas”, y también Cabildo Abierto había planteado su preocupación al respecto.
Tasa por trámites de reválidas
La ley de urgente consideración transfirió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la responsabilidad de la gestión de las reválidas de títulos extranjeros, una potestad que antes tenía la Universidad de la República. El proyecto de Rendición de Cuentas da un paso más: habilita al MEC a cobrar una tasa de hasta 600 unidades indexadas, aproximadamente 3.000 pesos, por los trámites de reválidas.
Además, en el inciso MEC la Rendición de Cuentas posterga por dos años la creación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, prevista para enero de 2021, según la ley votada en diciembre de 2019.
No llame
Además, en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), se crea la base de datos “No llame”. Se trata de un registro de usuarios que no quieran recibir llamadas por publicidad, ofertas o ventas. “Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro Nacional ‘No Llame’”, se detalla.
Además, en caso de que las empresas incumplan esta disposición, el usuario podrá realizar la denuncia ante la Ursec, que podrá disponer las sanciones correspondientes.