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Manini Ríos (archivo, julio de 2021).

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Sanguinetti y Cabildo Abierto cierran filas para defender la LUC en referéndum

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“Es claro que las firmas están, no tenemos por qué estar perdiendo el tiempo”, dijo Manini Ríos. El líder colorado, en tanto, consideró que el FA buscará que la votación sea “una suerte de gran encuesta sobre el gobierno”.

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Leído por Lola Livchich Melone.
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Tanto el principal referente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, como el del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dan por descontado que las casi 800.000 firmas presentadas por la campaña para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) serán validadas, por lo que ya enviaron mensajes cerrando filas en favor de la legislación presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada en julio de 2020.

En una reunión de la Mesa Política de Cabildo Abierto del jueves, el senador sostuvo en rueda de prensa que “es clarísimo que las firmas están” y por lo tanto “no hay razón para dejar pasar más tiempo”. En este sentido, consideró que su partido procederá a “explicarle a la gente las razones por las cuales nosotros votamos esos 135 artículos que están siendo impugnados en el día de hoy” en las próximas recorridas por el país.

“Creemos que hay puntos realmente muy necesarios para que se mantenga su vigencia. Por ejemplo, lo que refiere al respaldo a la Policía para que pueda actuar con más eficacia y eficiencia. Creemos que son artículos que sería muy negativo para la vida de la gente en general que se derogaran por un resultado diferente en el referéndum”, consideró.

Manini Ríos dijo que no es necesario “esperar los tiempos de la Corte Electoral”. “A medida que vamos recorriendo el país estamos dando a conocer distintos temas que la gente está interesada en escuchar y vamos a incluir la defensa de estos artículos de la LUC”, explicó el excandidato presidencial.

Mientras tanto, en su habitual columna en El Correo de los Viernes, el expresidente Sanguinetti planteó que desde la campaña contra la LUC “han presentado tal cantidad [de firmas] que de ser el descarte tan fuerte como para que no alcanzaran, sería un papelón inconmensurable, una expresión gigantesca de la pretensión fraudulenta”, por lo que considera que “las firmas están y que hay que actuar en consecuencia. En una palabra, asumir que tenemos por delante un desafío mayor para el gobierno y la sociedad uruguaya”.

En este sentido, señaló que “sería muy conveniente que la revisión de las firmas y la eventual convocatoria al referéndum se hiciera este año, pero todo indica que lo más probable es que recién el año que viene, pasado el verano, estaríamos ante la definición”. Por lo tanto, consideró, “la oposición pretenderá que, como en las discutidas elecciones de mediano término de los países que las realizan, se transforme en una suerte de gran encuesta sobre el gobierno: a favor o en contra, coalición sí coalición no, Lacalle sí Lacalle no... todo blanco o negro al compás de los eslóganes”.

El exmandatario, que renunció a su banca en el Senado en octubre de 2020 junto al también expresidente José Mujica, sostuvo que “esta ley es una suerte de programa de gobierno, que ya viene dando resultados y sería nefasto revertir”, especialmente teniendo en cuenta aspectos como “la seguridad ciudadana”. “Es evidente que bajo la conducción de Larrañaga y con el aliento de esta herramienta legal, las fuerzas policiales crecieron en presencia y eficacia. Naturalmente, no pueden hacer milagros, pero nadie con un mínimo de buena fe puede desconocer el cambio de clima que se ha dado. Si algo faltaba, los números del semestre, publicados esta semana, son concluyentes”, aseguró.

También se refirió a los cambios sobre Educación que se ejecutaron tras la aprobación de la LUC, mencionando la presentación del Plan Nacional de Educación. “¿Podemos imaginar lo que sería reimplantar un Consejo de Secundaria, con la Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria] adentro?”, se preguntó, y respondió que “la educación no era gobernada por quienes eligió la ciudadanía sino por corporaciones sólo representativas de intereses particulares”. “Había que rescatar para el Estado la capacidad de administrar y gobernar un servicio de tanta importancia” como el Codicen, añadió.

También destacó que “los ciudadanos pudieron usar su portabilidad numérica en el celular” y que “los consumidores sabemos que el precio del combustible se compara con el internacional”. “Tenemos por delante, entonces, un compromiso ciudadano. De todos y cada uno de nosotros. Hay que prepararse para enfrentarlo”, concluyó.

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