Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ancap recibe desde hace décadas duros cuestionamientos en el discurso antiestatista uruguayo, pero también ha sido un hueso muy duro de roer cada vez que desde el Poder Ejecutivo se intentó debilitarla. Esto se debe a varios factores, que incluyen la potencia del sindicato, altos niveles de confianza por parte de la población y un sentido común interno al que, en más de una ocasión, se terminaron plegando jerarcas designados para impulsar cambios. Pasada la mitad del actual período de gobierno, no da la impresión de que esta vez los resultados vayan a ser muy distintos.
Hace unos meses se trató en este espacio el complejo y opaco entramado de asociaciones entre Ancap y empresas privadas en el mercado del supergás, donde se sabe que el precio de venta al público está por debajo de los costos de producción, pero no queda nada claro en qué proporciones se reparte el subsidio estatal entre los consumidores y esas empresas. Esto es muy relevante porque el producto no sólo se usa para calefacción sino también, y en forma predominante, para cocinar.
Ahora el Ejecutivo exhortó a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) a que fije nuevas reglas de juego más transparentes y racionales para ese mercado, que rijan desde el 1º de marzo del año próximo e impliquen el cobro a las empresas privadas del costo real de producción. Es más fácil plantearlo que hacerlo, y cabe esperar grandes forcejeos en los meses venideros.
En todo caso, lo crucial es que se llegue a satisfacer otra demanda del Ejecutivo, al establecer una metodología definitiva para el cálculo de los precios intermedios y los márgenes de ganancia privada (estos determinan el monto de un precio que luego se reduce mediante el subsidio). El plazo manejado para lograr este resultado es diciembre de 2024, después de las próximas elecciones nacionales, lo cual significa obviamente que el período de gobierno terminará sin que se concreten cambios de fondo, y que la implementación de estos quedará a criterio de otras autoridades, que podrán mantenerlos, modificarlos o descartarlos.
También es complejo el panorama en lo referido a la voluntad gubernamental de modificar la regulación actual del mercado secundario de los combustibles, que abarca desde la producción de Ancap hasta la venta en estaciones de servicio, pasando por los fleteros y distribuidores. La Ursea ha venido postergando sus definiciones en este terreno, y la negociación con los actores privados no es sencilla.
Por último, el nuevo procedimiento para fijar los precios de venta al público de los combustibles ha sido sobre todo simbólico. La Ursea informa todos los meses sobre el resultado de sus cálculos para estimar precios de paridad de importación, pero el Ejecutivo ha tomado sistemáticamente decisiones que casi siempre se apartaron de esa referencia, muy a menudo por evidentes motivos políticos.
A todo esto, se mantiene inalterada la carga impositiva sobre los combustibles, que es el factor determinante de la diferencia de precios con otros países, y el buque insignia de los cambios prometidos antes de las elecciones pasadas no ha salido de puerto.
Hasta mañana.