Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo analiza la situación del mercado del supergás con miras a establecer nuevas reglas el año que viene. Habrá que ver si las autoridades abren el juego o intentan imponer sus propias conclusiones, cuáles serán esas reglas y qué consecuencias pueden tener, pero sin duda se justifica estudiar qué pasa y considerar eventuales cambios.

Existen sistemas de producción y distribución de bienes monopolizados por el Estado, otros que dependen por completo de la competencia entre empresas privadas, y otros con combinaciones de ambos sectores, en distintas relaciones de fuerzas. En cada caso se discuten pros y contras, a veces con datos y a veces con argumentos teóricos e incluso ideológicos.

En el particular mercado uruguayo del supergás, una compleja trama de acuerdos entre actores públicos, privados y mixtos determina, a la vez, fuertes regulaciones (con precios tarifados y trabas para el ingreso de nuevos operadores) y dificultades importantes para identificar costos y ganancias.

Es un panorama muy poco deseable, entre otras cosas porque la amplísima mayoría de las personas usa este combustible para cocinar, y realmente no dispone de información para evaluar si el sistema vigente las beneficia o las perjudica.

Ancap tiene el monopolio de la producción de supergás, y este es el único dato simple y fácil de entender. En el marco de contratos vigentes hasta marzo del año próximo, la mayor parte del combustible es envasada (sobre todo en garrafas de 13 kilos) en dos plantas que son propiedad del ente autónomo pero están arrendadas a sendas empresas privadas, una de ellas es Riogas y la otra es Acodike.

A su vez, la administración jurídica de ambas plantas le corresponde a la sociedad anónima Gas Uruguay, que es propiedad de Ancap, Acodike y Riogas.

El supergás envasado en esas plantas es distribuido por Riogas, Acodike y Ducsa, que es subsidiaria de Ancap. Megal ingresó más recientemente al mercado y tiene un papel menor que las demás.

Todo lo antedicho implica que sea muy complicado calcular egresos e ingresos de cada operador. Es un hecho que el precio de venta al público se mantiene por debajo de la tan mentada “paridad de importación”, y hace un año el director de la OPP, Isaac Alfie, dijo que se estudiaba la posibilidad de subsidiar sólo a las personas con menores recursos, pero no está tan claro quién subsidia a quién.

Desde 2008, y en función de los contratos aún vigentes, el porcentaje del precio de la garrafa que se llevan las distribuidoras ha aumentado, pero no se sabe con certeza cuál es la relación entre el aumento de ingresos de las empresas privadas y sus costos. Esto también es, por supuesto, un obstáculo para determinar si una empresa puede pagarles más a sus trabajadores, y en qué medida las remuneraciones actuales implican el reparto de parte del subsidio.

Los sindicatos, que han tenido frecuentes conflictos, negocian bastante a ciegas. La multitud de personas que compra supergás todos los meses ignora qué parte de lo que paga cubre costos y qué parte corresponde a lucro empresarial. Nadie sabe con certeza si hay pérdidas o dónde pueden estar, pero los especialistas huelen algo raro.

Hasta mañana.