Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Los tiempos políticos se independizan a veces del calendario, y la sucesión de acontecimientos perjudiciales para el oficialismo hace difícil tener presente que hace menos de siete meses salió victorioso (aunque fue por escaso margen) en el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Una vez conocido ese resultado, en la noche del 27 de marzo de este año, el presidente Luis Lacalle Pou planteó prioridades para la coalición de gobierno tras la “etapa superada” de la consulta popular, y destacó entre ellas la reforma del sistema de seguridad social.
Pasaron cuatro meses antes de que Presidencia definiera un anteproyecto en la materia, que fue entregado el 27 de julio a los partidos integrantes de la coalición de gobierno y dos días después al Frente Amplio (FA), y recién hoy habrá una cumbre oficialista en la Torre Ejecutiva, con la intención de ajustar las últimas definiciones para que aquel texto se convierta en un proyecto de ley, que Lacalle Pou quiere que se firme este jueves en el Consejo de Ministros para ser enviado al Parlamento.
En el tiempo transcurrido desde el referéndum, varios factores han afectado negativamente la popularidad del gobierno nacional y del presidente. Entre ellos, el aumento del ritmo inflacionario mientras se mantiene la caída del poder de compra de salarios, jubilaciones y pensiones; los conflictos en la educación por recursos presupuestales y contra el proyecto de reforma (otra de las prioridades planteadas por Lacalle Pou el 27 de marzo); la investigación de Fiscalía sobre Germán Cardoso por su gestión en el Ministerio de Turismo; los cambios de la política contra el tabaquismo decididos por decreto; y los escándalos vinculados con Sebastián Marset y Alejandro Astesiano.
Todo esto ha acelerado un proceso previsible en la segunda mitad del período de gobierno, en el que partidos o sectores del oficialismo toman mayor distancia de Presidencia y de su entorno más cercano, formado por la corriente mayoritaria del Partido Nacional, con la mira puesta en las próximas elecciones nacionales.
En tal contexto, la reforma del sistema previsional no es, por cierto, un tema en el que cerrar filas resulte fácil o tentador para los integrantes de la coalición de gobierno. Los cambios propuestos implican perjuicios desde varios puntos de vista, algunos de ellos en términos generales y otros que afectarían en particular a sectores de actividad con importante peso social y capacidad de presión.
Por lo tanto, casi todos quieren aparecer ante la opinión pública como defensores de cambios que por lo menos reduzcan algunos perjuicios, sin dejarle este papel en exclusividad al FA, y el consenso oficialista se dificulta.
Quienes se reunirán hoy coinciden en reprocharles a los frenteamplistas que no hayan planteado, desde que recibieron el anteproyecto, propuestas de modificación. Sin embargo, juega a favor del FA que la iniciativa en esta materia le corresponde constitucionalmente al Poder Ejecutivo, y que es muy discutible la utilidad de opinar antes de que este defina qué cambios le propondrá al Legislativo.
Hasta mañana.