Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Mientras el proyecto de reforma jubilatoria presentado por el Poder Ejecutivo es tratado en el Senado, las fuerzas sociales y políticas que se oponen a esa iniciativa van definiendo lineamientos para enfrentarla. En este sentido, las situaciones del Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT tienen una característica importante en común y una diferencia no menos relevante. Veamos primero lo similar, que se vincula con los tiempos políticos. La presentación del proyecto se demoró, primero por ajustes realizados en el entorno de Presidencia y luego por negociaciones dentro del oficialismo (sin que buena parte de las discusiones en esos dos niveles tomaran estado público), de modo que el proceso parlamentario terminará con seguridad el año que viene.
Por otra parte, la postergación determina que las etapas finales del debate vayan a producirse en un momento político muy particular, con varios factores que afectan la aprobación al gobierno nacional y crecientes aprontes para las elecciones de 2024. Estas circunstancias, sumadas al hecho innegable de que la reforma jubilatoria no puede contribuir mucho a la popularidad de quienes la apoyen, plantean incertidumbres acerca del desenlace del proceso.
Por lo tanto, si bien está claro que el proyecto tiene mucha importancia para el futuro de varias generaciones de trabajadores, la mayoría del PIT-CNT, al igual que la del FA, no parece muy interesada en darle prioridad a este tema durante el último mes del año, que ya viene muy cargado.
La gran diferencia, como ya ocurrió con el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), es que el FA tiene representación parlamentaria y la obligación de participar desde el primer al último día en el tratamiento de la iniciativa. Esto implica expresar sus posiciones sobre cada uno de los 330 artículos, y evaluar tanto los riesgos de un rechazo total como los del involucramiento para negociar y acordar una “reducción de daños” en la medida de sus posibilidades.
En cambio, el PIT-CNT, al igual que otras organizaciones sociales afectadas por la iniciativa, tiene la posibilidad acotada de dar su opinión ante las comisiones de cada cámara, pero básicamente mira el proceso legislativo desde afuera, sin chance ni obligación de buscar compromisos con el oficialismo, y centrado ante todo en incidir sobre la opinión pública.
Además, la temática del proyecto impide promover un referéndum si se convierte en ley, como en el caso de la LUC. Sí es posible impulsar una reforma constitucional que contrarreste sus efectos, pero definir el eventual proyecto a plebiscitarse requiere un estudio muy técnico y cuidadoso, para evitar que cualquier futuro gobierno vea muy reducida su capacidad de manejo de variables económicas básicas.
Sería muy problemático, por ejemplo, dar rango constitucional a la edad mínima de retiro, el poder de compra de jubilaciones y pensiones o los aportes al financiamiento del sistema, que están entre los contenidos más cuestionados de este proyecto, pero, obviamente, no pueden quedar grabados en piedra, para cualquier período de crisis o de bonanza, hasta que una nueva reforma de la Constitución los modifique.
Hasta el lunes.