Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hay mucho que hablar acerca del proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió ayer al Parlamento, y es seguro que el tema ocupará gran parte de la agenda política y social en los próximos meses, pero vale la pena ocuparse hoy de lo referido a la intención de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) vigente, y restablecer la vigencia de normas previas, algunas de ellas aprobadas en dictadura.
Contra la ley SCA se ha machacado con un relato muy distante de la verdad, que incluye, por ejemplo, la afirmación de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la declaró inconstitucional. Lo que sucedió fue que se presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la gran mayoría de sus 202 artículos, y la SCJ sólo los aceptó para ocho de ellos.
Otra afirmación frecuente remite a la tontería de que “la mejor ley de medios es la que no existe”, como si fuera posible o deseable manejar sin normas de referencia todos los complejos asuntos relacionados con la comunicación. A tal punto no lo es, que el oficialismo discutió hasta último momento qué disposiciones iba a proponer que quedaran vigentes, sobre cuestiones de gran importancia, si se deroga la ley SCA.
Esta discusión tuvo algunos resultados claramente indeseables. Otra parte del relato contra la ley SCA es que instaló un dispositivo de control de contenidos contrario a la libertad de expresión, pero el Ejecutivo propone que vuelvan a regir un par de decretos dictatoriales, de junio de 1977 y noviembre de 1984, que tenían una clara intención antidemocrática y represiva.
Lo único que quedaría en pie sería la obligación de que haya transmisión abierta de los partidos “definitorios” para las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol (una norma que se ha interpretado de muy distintas maneras), y la de garantizar la accesibilidad de parte de los contenidos para personas con discapacidad.
Caería todo lo demás, incluyendo las normas contra la concentración de la propiedad de medios, los concursos y la transparencia para asignar frecuencias, el pago de un canon por utilizar el espectro radioléctrico, diversas medidas de estímulo a la emisión de producciones nacionales, y la existencia de organismos con participación ciudadana para defender los derechos de la audiencia.
El Ejecutivo envió un proyecto de nueva ley en la materia poco después de la asunción de Luis Lacalle Pou, que le otorgó alta prioridad a este asunto, pero durante 2020 no hubo acuerdo en el oficialismo sobre esa iniciativa, básicamente por la oposición de Cabildo Abierto. A mediados del año pasado se anunció un entendimiento, pero los cabildantes volvieron a bloquearlo y presentaron un proyecto propio, que entre otras cosas muestra un profundo desconocimiento de la actividad periodística y establece controles del contenido de los medios tan insensatos como impracticables.
No sabemos qué resultará de esos forcejeos. Por lo pronto, los grandes medios esperan ansiosos la derogación de la ley SCA, y está por verse que les moleste el restablecimiento de las normas de la dictadura.
Hasta el lunes.