Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Los canales de televisión privados y un considerable número de dirigentes del actual oficialismo despotrican contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) desde que era sólo un borrador de proyecto. Sostienen que implica gravísimas trabas y amenazas a la libertad de expresión, y apoyaron numerosos recursos de inconstitucionalidad contra sus artículos.
La Suprema Corte de Justicia desestimó casi todos esos recursos y dejó en pie la mayor parte de la norma, pero el relato sigue como si nada, y la sustitución de la LSCA por otra ley es una prioridad de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, el proyecto de Presidencia está trancado desde hace meses en el Parlamento y su tratamiento se complica cada vez más, a medida que Cabildo Abierto (CA) presenta propuestas en la materia.
Lo menos que se puede decir de la iniciativa de CA es que combina una enorme ignorancia sobre la tarea periodística con una voluntad de control burocrático y minucioso pocas veces vista en el mundo civilizado.
La idea es establecer un singular criterio de distribución del tiempo, por parte de “los principales servicios de TV y radio”, en “todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo y electoral”.
Los minutos no se deberían repartir en función de consideraciones sobre el interés o el valor periodístico, ni atendiendo al perfil de cada medio o programa, o del público al que se dirige. Sobre cada tema habría que adjudicarle a cada partido un porcentaje del tiempo, con enteros y decimales, equivalente a su representación parlamentaria.
CA no parece tener en cuenta que los sectores de un partido pueden tener interés en expresar opiniones distintas sobre algún asunto. Quizá esto se deba a que los cabildantes operan con un mando centralizado, y olvidan que en otras fuerzas políticas hay márgenes mucho mayores para la diversidad interna.
En todo caso, el procedimiento propuesto implicaría, entre varias otras consecuencias disparatadas, la obligación de presentar, acerca de cada cuestión mencionada en un programa, la opinión de todos los partidos, incluyendo aquellos que no la tengan o no consideren oportuno manifestarla.
Para el contralor de que la distribución se realice como CA quiere, se propone crear, como órgano desconcentrado de la Corte Electoral, una Junta de Garantías en la Comunicación Política, con ocho representantes de los partidos (distribuidos, faltaba más, en forma proporcional a su representación parlamentaria) y un noveno “neutral”. Tal Junta procedería de oficio o a partir de denuncias, y podría aplicar fuertes multas.
CA no plantea con qué recursos contaría esa Junta, y esto importa porque, aun sin que esté claro cuáles serían los “principales” medios, habría que monitorear buena parte de su programación diaria.
De postre, habría un Comité Parlamentario de Garantía Política, también con nueve integrantes, para controlar al directorio del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. No se especifica con qué criterios, pero ni falta que hace.
Hasta mañana.