Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Una vez que se aprueba el Presupuesto Nacional, en el primer año de un período de gobierno, sólo al Poder Ejecutivo le corresponde proponer, en sucesivos proyectos de Rendición de Cuentas, modificaciones “al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos” y “efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas”. Al tratar estos proyectos, el Parlamento no puede aumentar el total de los desembolsos estatales: como en el proverbial problema de la frazada corta, si quiere aumentar una asignación debe reducir otra.
Estas disposiciones, establecidas en los artículos 214 y 215 de la Constitución, se basan en la presunción de que los legisladores son más receptivos a las demandas sociales, y no dejan en sus manos la iniciativa de aumentar el gasto público (ni los impuestos para financiarlo) por temor a que actúen en forma irresponsable, injusta o inconveniente.
Es una premisa discutible que reservarle al Ejecutivo esa iniciativa determine siempre mejores resultados para el país, pero así son las normas, y tienen consecuencias muy importantes.
Cuando el presidente de la República y el equipo económico definieron prioridades para el incremento de recursos en el proyecto de Rendición de Cuentas a consideración del Poder Legislativo, decidieron no asignarle a la Universidad de la República (Udelar) los aumentos que solicitó para afrontar numerosas necesidades. Por el contrario, ese proyecto le quita recursos a la Udelar al eliminar en forma gradual el adicional del Fondo de Solidaridad establecido en 2001, sin prever una compensación con otro origen. El resultado será que deje de recibir unos 15 millones de dólares anuales, que viene destinando en su mayor parte a infraestructura educativa y descentralización.
Esta decisión del Ejecutivo, al igual que la de no asignar ningún incremento a instituciones cruciales para el desarrollo de la ciencia, ha generado un considerable malestar, agravado por el recuerdo reciente de cuánto contribuyó el elenco científico uruguayo a las políticas públicas requeridas por la emergencia sanitaria.
Varios parlamentarios oficialistas han expresado su deseo de contrarrestar por lo menos las pérdidas de la Udelar y, como dijo a la diaria el diputado nacionalista Álvaro Hunter, presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de su cámara, reasignar “algún dinero para la ciencia”. El problema es que, como se explicó al comienzo, tienen que reducir los recursos previstos en el proyecto para otras áreas, y aún no han logrado ponerse de acuerdo sobre esto, y el tiempo se les termina.
Aunque las comparaciones son odiosas, cabe mencionar que los diputados de la coalición de gobierno sí acordaron de dónde sacarán dinero para cumplir con la promesa de un aumento salarial adicional a la Policía, realizada cuando se produjo una movilización de la Unión de Sindicatos Policiales el 14 de julio. El reclamo policial tiene razones legítimas, como el de la Udelar y muchos otros que se están planteando en el debate sobre la Rendición de Cuentas, pero la frazada corta se mueve en función de las prioridades de los gobernantes y la capacidad de presión de los gobernados.
Hasta mañana.