Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es difícil hallar motivos racionales e insospechables para el aumento de convenios de organismos públicos con la Fundación A Ganar (FAG) en este período de gobierno.
No se puede decir que esta organización tenga una gran trayectoria previa, y tampoco hay evidencia de que se haya especializado en brindar servicios de calidad en un área específica. Las tareas comprometidas en 18 convenios, por los que ha recibido diez millones y medio de dólares, son bastante diversas y sus descripciones sumamente vagas, a tal punto que esto último ha sido el motivo de múltiples observaciones por parte del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, es imposible evaluar si la FAG gana porque presenta propuestas menos costosas, dado que en la mayoría de los casos ha sido la única oferente en las licitaciones, cosa que a veces ocurre cuando un llamado se difunde poco, cuando se hace a la medida de quien termina como concesionario, o cuando los demás posibles postulantes asumen que hay preferencias de antemano.
En este sentido, llamó mucho la atención el año pasado que, según denunciaron dirigentes frenteamplistas de Durazno, un llamado de la intendencia de ese departamento en el que ganó la FAG (única oferente) fue casi idéntico a uno anterior de la intendencia de Paysandú, ganado por la misma organización.
El único motivo económico que ha sido invocado para justificar una contratación de la FAG, justamente desde la Intendencia de Paysandú, fue que a esta le convenía tercerizar la gestión de ocho CAIF y un centro Siempre para ahorrarse aportes patronales, pero lo mismo habría sucedido con cualquier empresa externa a la comuna.
Además, ese “ahorro” implica condiciones de mayor precariedad para los trabajadores, que en varios casos son los mismos pero cambiaron de patrón para no quedar desocupados, y pasaron a tener contratos por sólo seis meses. En algunas ocasiones se trata de personas que antes eran empleadas de un organismo público, y en otros de integrantes de cooperativas sociales.
A medida que se van descartando posibles causas de las reiteradas concesiones a la FAG, se refuerza la hipótesis de las afinidades partidarias. La institución fue creada por Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, exministro de Economía Y Finanzas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Su director, Alejandro Rico, estuvo al frente del Instituto Nacional de la Juventud en 2000, en el marco de la distribución de cargos para el Partido Nacional (PN) durante el gobierno de Jorge Batlle.
La subdirectora de la fundación, Verónica Martínez Vicentino, es hermana de un secretario del presidente Luis Lacalle Pou y del secretario general de la Intendencia de Rocha, que está en manos del PN.
Este hermano participó en el proceso de una adjudicación a la FAG decidida por el gobierno departamental rochense, pero la Junta de Transparencia y Ética Pública entendió que, si bien habría sido “prudente y éticamente correcto” que se excusara, su presencia en la comisión asesora de adjudicaciones “no incidió” en la concesión, decidida por unanimidad, ni perjudicó a otros interesados, ya que A Ganar era, también en este caso, la única oferente.
Hasta mañana.