Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es duro el debate sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), porque el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no sólo les impone a las personas en actividad mayores aportes, menores prestaciones futuras y un aumento de la edad de retiro, sino que además reduce, mediante un impuesto, los cobros de quienes ya se retiraron.
La disconformidad tiene fuerte repercusión mediática y política, entre otras cosas porque se trata de un sector de la sociedad que incluye a personas poderosas, aunque una parte muy considerable de la población afiliada a la CJPPU no está en esa categoría. Y la diversidad de situaciones tiene que ver con esta crisis.
Quienes se quejan señalan que en el directorio de la CJPPU siempre hubo representantes del Ejecutivo, y que este es, por lo tanto, corresponsable del proceso de desfinanciamiento, del que debería hacerse cargo en mayor medida. Este argumento abre un debate legítimo, pero hay otros datos de la realidad que también deben ser tenidos en cuenta y que subrayan la necesidad inevitable de que los actuales subsistemas converjan.
La razón histórica de que la CJPPU le haya resultado preferible a sus integrantes iniciales, cuando se creó en 1954, fue que abarcaba a un conjunto de personas con remuneraciones mayores que las del promedio de los trabajadores. Por lo tanto, separada del sistema general de reparto podía afrontar prestaciones también mayores. Todo indica que hubo problemas debidos a la mala gestión, pero con independencia de esto también parece claro que, debido a una serie de cambios en las últimas décadas, que van de lo demográfico a lo laboral, las condiciones originales se fueron volviendo cada vez menos sostenibles.
En particular, la incorporación de nuevos sectores profesionales, con remuneraciones significativamente menores que las del universitario típico de mediados del siglo XX, permitió por cierto tiempo sostener el pago a quienes ya se habían jubilado, pero de ningún modo podía proyectarse que, cuando le llegara el momento del retiro a este nuevo tipo de afiliados, sería viable otorgarles prestaciones calculadas del mismo modo que las anteriores. Ahora, además, se les quiere imponer a estos afiliados un aumento de aportes que no condice con su realidad laboral.
Se afirma que parte del desfinanciamiento de la CJPPU se debe a que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) les quita dinero a integrantes de su sistema para financiar al Banco de Previsión Social (BPS), y que ese aporte debería volcarse a su propia caja, pero aquí hay un error de concepto.
La Constitución incluye en el financiamiento de la seguridad social, además de las “contribuciones obreras y patronales”, los “tributos establecidos por ley” y “la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario”. La idea de que el primer rubro debe cubrir por completo los desembolsos en cada subsistema no tiene sustento legal, y la propuesta sobre el IASS es como pretender que el aporte de cada persona al sistema nacional de salud se vuelque por completo a la institución en que se atiende. O sea, que no haya un sistema nacional.
Hasta mañana.