Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hace un mes se intentó explicar en esta columna qué normas se aplicaban para tramitar el pedido de que el Senado juzgara a la intendenta frenteamplista de Montevideo, Carolina Cosse, planteado por ediles opositores. Parecía necesario, porque para entender el procedimiento, que ni siquiera se llama “juicio político”, hay que considerar en su conjunto varios artículos desperdigados en el texto de la Constitución.
Lo que estuvo claro desde el comienzo, incluso para dirigentes de la coalición de gobierno nacional, fue que la iniciativa era un despropósito y que en vez de perjudicar a Cosse podía favorecerla, incluso entre quienes, sin tenerle especial simpatía, tampoco estuvieran tan predispuestos contra ella, que no pudieran ver la desproporción entre el mecanismo utilizado y los hechos por los que se apeló a él.
Se puede solicitar un juicio del Senado mediante la acusación a quienes ocupan determinados cargos en el Estado (incluyendo a la presidencia de la República) de “violación de la Constitución u otros delitos graves” que no se detallan ni a modo de ejemplo, pero que razonablemente deberían tener una importancia muy considerable. En este caso cabe comentar que, aunque en general es una mala práctica desestimar los reproches a una persona invocando los que merece otra, sería sin duda chocante que, si Juan María Bordaberry nunca fue juzgado por violar la Constitución, Cosse lo fuera por no acudir a una sesión de la Junta Departamental de Montevideo.
Es un hecho, además, que la única sentencia posible en un “juicio político” es que el Senado decida separar de su cargo a la persona acusada, y que para esto se requiere una mayoría especial formada por dos tercios de sus integrantes, que no está al alcance del oficialismo. Esto seguramente incide, junto con la evidente exageración de los ediles denunciantes, para que los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, que recibieron el pedido de juicio y deben informar al plenario sobre el tema, coincidan en que “no corresponde” seguir adelante. Pero también parece claro que están en juego otras valoraciones.
Una de ellas es que, obviamente, si se llegara al extremo de proponer una sentencia contra Cosse, la intendenta quedaría para muchas personas en el lugar de una víctima de injusticias, y el rechazo de esa propuesta sería, políticamente, un triunfo para ella y una derrota del oficialismo.
Por último, los senadores oficialistas saben que, si se hicieran responsables de declarar justificada la acusación, sentarían un precedente invocable para denunciar ante el Senado a un gran número de jerarcas por conductas bastante más graves que la de Cosse. Sabido es que –digámoslo en forma elegante– resulta riesgoso salivar contra la ley de gravedad.
Hasta mañana.