Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las grandes empresas privadas de radio y televisión participaron en un amplio y prolongado proceso de consultas sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), pero cuando este finalmente se aprobó, en 2014, resistieron su aplicación y presentaron recursos de inconstitucionalidad contra una gran cantidad de artículos de esa norma, a la que señalaban como un avance inaceptable del Estado sobre su derecho a decidir qué emiten.
La gran mayoría de estos recursos fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia, pero la ley SCA nunca llegó a la vigencia plena, porque los presidentes Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou decidieron omitir la puesta en práctica de varias de sus disposiciones, incluso después de que fueron avaladas por el Poder Judicial.
Ya en 2020, Lacalle Pou le asignó prioridad a la derogación de la ley SCA y su reemplazo por otra muy alineada con intereses del sector privado, pero el proyecto no se ha aprobado debido a diferencias internas del oficialismo, que incluyen la defensa por parte de Cabildo Abierto de una iniciativa propia, no aceptada por sus socios. El resultado es que las normas vigentes no se cumplen ni se derogan ni se sustituyen.
Una de las disposiciones cuya aplicación rechazaron los canales privados fue la referida a la obligación de incluir en sus programaciones hasta 15 minutos diarios gratuitos dedicados a “campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación”.
Sin embargo, esta norma es una de las pocas que Lacalle Pou no planteó derogar y su gobierno la utilizó, por ejemplo, durante la emergencia sanitaria por la covid-19, para difundir prohibiciones y recomendaciones orientadas a prevenir los contagios. Esto fue muy pertinente, aunque los mensajes hayan dejado que desear.
La norma aclara expresamente que las campañas no pueden ser usadas “para fines propagandísticos de los partidos” ni “incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza”, pero durante el último mandato de Vázquez algunas de ellas fueron cuestionadas desde los partidos que integran el actual oficialismo, alegando que buscaban, más que el bien público, exaltar políticas gubernamentales. Uno de los portavoces de las críticas al “abuso” y los “atropellos” en este terreno fue el actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
Pese a esto, el actual gobierno cedió a la tentación de utilizar las campañas de bien público para el autobombo, primero sobre la “transformación educativa” y ahora con mensajes sobre el “alivio tributario”, que no apuntan a crear conciencia sobre un problema social ni a que las personas se cuiden o cuiden a otras, ni a ningún otro de los objetivos asociados con el concepto de “bien público”, sino a elogiar una iniciativa presidencial. La gran diferencia es que los propietarios de emisoras no se declaran invadidos o violentados por la obligación de incluir un mensaje a favor de este gobierno en sus programaciones.
Hasta mañana.