Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es legítimo, sin la menor duda, que las mayorías parlamentarias legislen, pero tampoco caben dudas de que su legitimidad no les da necesariamente la razón. Esto es lo que ocurre con el proyecto llamado “de corresponsabilidad en la crianza” o de “tenencia compartida”.
Esta iniciativa corona los esfuerzos realizados durante muchos años de grupos con fuerte influencia que alegan, sin haber aportado evidencia alguna, que las decisiones judiciales sobre tenencia de hijas e hijos de parejas que se separan tienen un sesgo contrario a los varones, y que hay que cambiar las normas para evitar tal sesgo.
En la realidad, está a la vista que la gran mayoría de las parejas se pone de acuerdo en esta materia, y que el relato de los grupos antedichos se refiere con mucha frecuencia a casos en los que la prohibición de contacto se dispone porque hay denuncias de violencia.
Las modificaciones legales que implica este proyecto crean el riesgo –obviamente grave– de que un agresor o abusador tenga la oportunidad de vulnerar derechos de la infancia. Esto se viene señalando también desde hace años, pero quienes defienden la iniciativa en el Parlamento se emperran en desestimarlo.
Las instituciones que cuestionan el proyecto tienen no sólo el derecho sino también el deber de hacerlo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) se creó en 1946 con un claro mandato de defender los derechos de niñas y niños, y entiende que la iniciativa oficialista incluye disposiciones contrarias a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Así lo señaló cuando representantes de ese organismo internacional fueron recibidos en el Parlamento. El problema no es que lo reitere, sino que sus planteamientos sean rechazados, y es insólita la idea de que “ya tuvo la oportunidad” de formularlos y no tiene sentido que insista. Lo seguirá haciendo, obviamente, incluso si el proyecto se convierte en ley.
Lo mismo sucede con la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), y en este caso es muy significativo que el actual Consejo Directivo de este organismo, designado de acuerdo con las preferencias de la mayoría oficialista en el Parlamento, mantenga las críticas formuladas por sus antecesores.
Esto desmantela la narrativa que vinculaba las posiciones de la INDDHH con una presunta influencia frenteamplista y operaciones contra el actual gobierno nacional. Lo que pasa, sencillamente, es que la Convención de los Derechos del Niño dice lo que dice, y la realidad nacional en esta materia es como es.
Sin embargo, los legisladores oficialistas que impulsan el proyecto alegan que tanto la INDDHH como Unicef se equivocan, que la difusión en estos días de sus cuestionamientos es “impertinente” e “inoportuna”, y que será un gran avance aprobar esta iniciativa, como tienen previsto, dentro de ocho días.
La legitimidad democrática incluye, por supuesto, la posibilidad de que, si el actual Parlamento aprueba una ley con artículos de efecto dañino, el próximo los derogue. Y lo mejor que puede pasar es que en el período entre ambas decisiones legítimas las consecuencias no sean irreversibles.
Hasta mañana.