Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cuando el senador Guido Manini Ríos anunció ayer que iba a leer una declaración de la Mesa Política de Cabildo Abierto (CA), aprobada por unanimidad salvo en el punto séptimo, resultó evidente que recién al llegar a ese punto se sabría si el partido había decidido seguir en la coalición de gobierno o abandonarla.
Después de los seis primeros puntos, con duros cuestionamientos al presidente Luis Lacalle Pou, a otros integrantes del oficialismo y a orientaciones predominantes en el gobierno nacional, acompañadas de una fuerte reivindicación de las posiciones de CA que sus socios no comparten (aunque sin mencionar los proyectos cabildantes sobre prisión domiciliaria, “reparación a víctimas de la guerrilla” y ley de medios), la única consecuencia lógica era que en el séptimo se anunciara el alejamiento de la coalición de gobierno, pero se anunció la permanencia en ella. Esto instaló una situación política que será difícil de sostener.
La política tiene reglas no escritas, cuya vigencia depende de que un amplio conjunto de actores las respete. Ni la Constitución ni las leyes determinan, por ejemplo, que los legisladores elegidos por un partido deban votar unidos, pero lo sensato es que traten de hacerlo, porque de lo contrario ese partido puede perder rápidamente la confianza de los demás y de gran parte de la ciudadanía.
Tampoco hay normas legales acerca de cómo debe funcionar una coalición de gobierno, y en el caso del actual oficialismo ni siquiera hay algo parecido a un reglamento interno, sino solamente un acuerdo muy general en el documento “Compromiso por el país”, firmado antes del balotaje de 2019, en el que los partidos que integran esa coalición manifestaron su decisión de formar “un gobierno fundado en la confianza recíproca y en la cooperación”, “profundizando y especificando [...] líneas de acción” y “medidas concretas”, más allá de las enumeradas en aquel momento.
La “coalición multicolor” carece además de organismos formales o informales, y Lacalle Pou ha impuesto su voluntad de no procesar decisiones en reunión con los demás líderes oficialistas, sino dialogando con ellos por separado o sin diálogo alguno. De todos modos, algunos criterios mínimos parecen indispensables. Entre ellos, para empezar, que los socios prefieran buscar acuerdos a explicitar sus discrepancias, y eviten descalificarse mutuamente. No es mucho pedir, y está claro que resulta básico para mantenerse unidos.
CA afirma que el presidente forzó la renuncia de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda de modo “injustificado y desacertado” y con “ánimo revanchista”; que no tiene “prácticas verdaderamente republicanas”, sino que aplica un “modelo presidencialista y personalista” que “lleva necesariamente a desencuentros”; que en la coalición de gobierno hay quienes no velan por el interés general sino por el de algunos grupos económicos, y que en ella falta voluntad de seguir juntos.
Nada de esto contribuirá a que las relaciones mejoren, y además Manini anunció que su partido está dispuesto a cortarse solo, por lo menos en lo referido a la seguridad pública y a la reestructura de deudas de personas físicas. Esta historia, obviamente, no ha terminado.
Hasta mañana.