Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer se terminó de aprobar el proyecto de ley oficialista que modifica normas previas sobre negociación colectiva, y las nuevas disposiciones muestran con elocuencia con qué criterios y prioridades actúa en esta materia la coalición de gobierno.
Basta con ver la cuestión de la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos, y como la palabra no figura en el diccionario, conviene explicar su significado. Hasta ahora, cuando termina el plazo de un convenio, este mantiene total vigencia mientras no se apruebe el siguiente. Las nuevas normas aprobadas por la mayoría del Parlamento establecen, por el contrario, que la vigencia extra deje de existir.
El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O’Neill, expresó con mucha claridad por qué las patronales apoyaron el cambio. “Darle al convenio vencido la ultraactividad –dijo– es poner un piso para la negociación en adelante”.
En efecto, la ley anterior optaba por proteger en principio las conquistas sindicales previas, y eso expresaba una preferencia por dos de los tres resultados posibles de futuras negociaciones: que lo acordado previamente se mantuviera o que se añadieran mejoras para los trabajadores. La tercera opción, por supuesto, es que la situación para estos empeore, cosa que siempre es posible y que ahora va a resultar un poco más fácil.
Según O’Neill, el problema de la ultraactividad es que “no atiende las situaciones particulares que se puedan estar viviendo” y que en esas condiciones “la variable de ajuste termina siendo el empleo”. Esto también conviene explicarlo: quiere decir que, si un patrón no puede reducir lo que le cuesta cada trabajador, optará por reducir la cantidad de trabajadores. Presupone que es preciso optar entre un aumento del desempleo y peores condiciones laborales, y que lo segundo es preferible.
Es el mismo criterio que aplican las autoridades cuando alegan que, si bien en lo que va de este período de gobierno hubo pérdida de salarios, el empleo ha mejorado, y presenta como un logro elogiable que más gente tenga trabajos de peor calidad.
Es también el significado de las promesas de “flexibilización” antes de las elecciones de 2019: que fuera más fácil para un empresario pagar por debajo de lo acordado para su sector de actividad. El cumplimiento de aquellas promesas se postergó, porque impulsar la “flexibilización” en medio de la crisis asociada con la emergencia sanitaria habría sido demasiado, pero la intención persiste, apoyada en la premisa de que, tras los gobiernos frenteamplistas, en Uruguay había desempleo porque los salarios eran demasiado altos.
Este diagnóstico se apoyaba, a su vez, en otra premisa: la de que la política en materia de relaciones laborales había inclinado la balanza hacia el lado de los trabajadores. El actual oficialismo prefiere inclinarla hacia el lado de los empresarios, y en particular de los más poderosos entre ellos, como quedó de manifiesto, ya en 2020, cuando el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo aquello de que había que quitarles lastre a los malla oro. Se trata, sencillamente, de lo que se suele llamar lucha de clases, con partidos que tienen afinidades por una u otra de las partes.
Hasta mañana.