La asociación de ex presos políticos Crysol envió una carta al ministro de Defensa Nacional, Javier García, en la que le solicita que “inicie acciones de repetición por los gastos en que deberá incurrir el Estado, hacia las personas que hayan sido condenadas o formalizadas por los delitos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Diana Maidanik, Silvia Reyes, Laura Raggio”, caso conocido como las muchachas de abril, y por las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.
En diálogo con la diaria, Gastón Grisoni, presidente de Crysol, aseguró que aún no han tenido respuesta del ministro. Explicó que el artículo 25 de la Constitución “dice que el Estado es responsable de los daños que generen sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones” y en el artículo 26 especifica “que el Estado puede iniciar acciones de repetición sobre los gastos en que incurre por la inconducta de sus funcionarios”.
Sobre la base de esos artículos de la carta magna le piden a García que “inicie acciones de repetición con todos los condenados con condena firme por los costos en que va a incurrir el Estado uruguayo para indemnizar a los familiares de las muchachas de abril y a los familiares de Luis Eduardo Gonzalez y de Óscar Tassino”.
La cifra que deberá abonar el Estado no está determinada aún, pero desde Crysol opinan que será importante, en tanto el proyecto de ley sobre indemnización a víctimas de grupos armados políticos, que se discute en el Parlamento y tiene carácter nacional, establece una de reparación de 150.000 dólares. “Supongo que debe ser más cuantioso, al ser una sentencia interamericana, con otros estándares; son gastos relevantes, más los costos del proceso”, estimó Grisoni.
“Es decir que se debería revertir esos costos con las personas que resulten condenadas”, dijo, y mencionó a Eduardo Ferro, Jorge Pajarito Silveira, condenados por la desaparición forzada de Tassino, ocurrida en julio de 1977, y a Juan Rebollo, condenado por el caso de las muchachas de abril.
Según Grisoni, que los condenados asuman los gastos “es una manera de afirmar las normas de derechos humanos y los principios básicos para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir. Ese es el sentido: la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es el principal camino para afirmar la democracia, la institucionalidad. Es el mejor ejemplo para que sepan que no deben volver a incurrir en estas conductas”.
“Juzgados con todas las garantías, deben cumplir las penas que se establecen y además hacerse cargo de aquellos daños en que incurrió el Estado por culpa de sus inconductas”, resumió el presidente de Crysol.
El ex preso político señaló que aguardan la respuesta de García y esperan que proceda de esa forma, sobre todo teniendo en cuenta que hay antecedentes de otros gobiernos que lo hicieron. Recordó que el Ministerio de Defensa tiene una demanda civil abierta contra el hijo de Juan Carlos Larcebeau por los crímenes que cometió su padre durante la dictadura, por un total de 352.000 dólares. Con demandas que ingresaron en diciembre de 2017, el Estado busca resarcirse de los juicios perdidos contra dos hijos de las víctimas de Larcebeau.