Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En 2005, al comienzo del primer gobierno nacional del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez le ordenó al entonces comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, que recopilara información sobre personas detenidas que permanecían desaparecidas por obra del terrorismo de Estado y le entregara un informe.
Meses después, Vázquez recibió del comandante un documento que no respondió a la reiterada pregunta “¿Dónde están?”. La novedad fue que planteaba falsedades distintas a las del informe de la Comisión para la Paz creada durante la presidencia de Jorge Batlle.
Luego, en el marco de un tribunal de honor del Ejército a Bertolotti, quedó constancia de que aquel documento había sido elaborado a partir del trabajo de los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz, y surgieron fuertes indicios de que estos habían presentado un texto inicial, distinto del que le fue entregado a Vázquez.
Sobre esa base, y ante la posibilidad de que ese primer texto tuviera datos útiles para la búsqueda de restos o la determinación de responsabilidades, el proyecto Cruzar de la Universidad de la República, que se dedica a sistematizar y clasificar información de archivos vinculados con el terrorismo de Estado, solicitó el material redactado por Barneix y Díaz. La primera respuesta del Ministerio de Defensa Nacional fue que no había sido posible obtener una copia.
Cruzar apeló entonces a la vía legal del pedido de acceso a la información pública, y la respuesta de Bertolotti ante la Justicia pasó a ser que el texto solicitado nunca existió, y que el único informe escrito fue de su autoría, ajustado en intercambios con Barneix y Díaz.
Barneix se suicidó en 2015, tras ser procesado con prisión por el asesinato en 1974 de Aldo Perrini, de modo que no puede dar su versión de los hechos, pero cuando Díaz declaró ante el juez Javier Gandini, habló de un documento de unos diez folios que ambos le entregaron a Bertolotti, sin pedir recibo ni quedarse con una copia.
Gandini concluyó ayer que, si bien no puede asegurar que lo declarado por Bertolotti sea cierto, tampoco le resulta posible obligar al ministerio a que “entregue un documento que dice que no tiene”, y del que, según las declaraciones recabadas, no hay registro en ningún expediente. Por lo tanto, la acción de acceso fue desestimada.
No estamos hablando de ocultamientos de información durante la dictadura ni en los primeros años de la restauración democrática, cuando no estaba claro qué ocurriría con las denuncias de violaciones de los derechos humanos ni se había formado aún la mayoría que aprobó la Ley de Caducidad durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Hablamos de lo que pasó más de veinte años después del final de la dictadura, ya con un gobierno nacional frenteamplista.
En aquel momento, y también con protagonismo de Bertolotti, se produjo el acontecimiento bochornoso de que Macarena Gelman fuera llevada al predio Batallón 14 para que se le indicara un falso lugar de enterramiento de su madre desaparecida. Han pasado casi otros veinte años, y no sólo hay que hablar de un pacto de silencio, sino también de una burla a la Justicia.
Hasta mañana.