Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las elecciones nacionales registran la opinión ciudadana sobre lo que han hecho durante cinco años oficialistas y opositores. El problema surge cuando, a la inversa, lo que se hace desde el oficialismo y la oposición tiende a orientarse, muy tempranamente, en función de la perspectiva electoral.
Ayer se comentó en este espacio la posibilidad –preocupante y verosímil– de que el reclamo del ministro Luis Alberto Heber para que aumente la pena por homicidio simple no se deba ya a una convicción sobre la necesidad de que esto ocurra, sino al deseo de ganar puntos ante parte del electorado, a costa de culpabilizar a los propios parlamentarios del oficialismo.
Lo mismo se puede sospechar acerca de las críticas del ministro del Interior a la jueza María Helena Mainard. A esta altura de su gestión, ¿busca aportar a una lucha más eficaz contra el narcotráfico, o señalar como responsables de su insuficiencia a otras personas? Pero no se trata, lamentablemente, sólo de Heber.
Las denuncias sobre manejo arbitrario y partidista de las contrataciones directas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y ahora también en la Comisión Administradora del Río Uruguay son pertinentes para corregir manejos indebidos y establecer mecanismos de contralor que los prevengan, pero también resultan sin duda funcionales a la campaña electoral que ya comenzó. Del otro lado, es difícil establecer en qué medida la defensa de los acusados o la minimización de sus actos es sincera o una táctica para reducir daños con la vista puesta en el último domingo de octubre del año que viene.
Hay muchas discusiones legítimas y necesarias sobre la reforma jubilatoria aprobada este año por el oficialismo y el intento de revertir sus efectos mediante un proyecto de reforma constitucional, pero es indudable que gran parte de los movimientos partidarios al respecto, tanto en la oposición como en el oficialismo, obedecen a previsiones sobre el modo en que los debates sobre el plebiscito impulsado por el PIT-CNT pueden incidir en la intención de voto para las elecciones nacionales.
Las alternativas planteadas para mejorar la eficacia de la producción estatal de pórtland o desembarazarse de ella, transfiriéndola al sector privado, son sin duda dignas de discusión, pero en este año preelectoral se tiñen de significados acerca de los “modelos de país” entre los que habrá que elegir el año que viene.
Lo mismo puede decirse acerca del controvertido proyecto sobre acceso a archivos de la dictadura, las protestas por el manejo de las jubilaciones mínimas o los reclamos de mayor apoyo al teatro independiente, amenazado de extinción. En cada asunto es valedero que se confronten argumentos específicos, pero el telón de fondo es cada vez más la intención de cosechar apoyos electorales, satisfacer expectativas de sectores afines y castigar a los adversarios.
Todo esto es esperable y en gran medida lógico, pero también implica que la búsqueda de soluciones políticas a los problemas del momento quede suspendida hasta que termine el recuento de votos.
Hasta el lunes.