El Frente Amplio recibió denuncias que apuntan a “un Salto Grande dos” en la CARU

A pocos días de la renuncia del nacionalista Carlos Albisu a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, a raíz de más de 30 contrataciones directas -en su mayoría de integrantes del Partido Nacional (PN)-, el Frente Amplio (FA) cursó un pedido de informes a la cancillería para conocer la situación de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Al igual que Salto Grande, se trata de un organismo binacional, con un reglamento especial y sin representación de la oposición en la delegación uruguaya.

“Hemos recibido denuncias en el sentido de que en la CARU estaríamos en presencia de algo similar, o sea, que tendríamos un Salto Grande dos”, afirmó este jueves en rueda de prensa el senador frenteamplista Alejandro Sánchez. Agregó que después de que “se destapara el episodio del clientelismo político” en la CTM, y mientras “todavía se está esperando que renuncien los ñoquis que fueron colocados”, la oposición recibió denuncias que marcan que “se va consolidando una estrategia política de utilizar las comisiones binacionales, que tienen un estatus especial, para contratar a militantes políticos”.

Según Sánchez, “parece ser que, para algunos sectores del PN, el hecho de ser edil te lleva a tener el beneficio de estar con altos sueldos en las comisiones binacionales”. En el caso de Salto Grande, trascendió que los salarios de las personas que fueron contratadas de manera directa durante la gestión de Albisu oscilaban entre los 90.000 y los 300.000 pesos.

“Es un tema que nos preocupa mucho, por eso hemos hecho este pedido de informes”, señaló Sánchez. Consultado sobre si existe un número estimado de las supuestas contrataciones directas en la CARU, el legislador puntualizó que por el momento “son denuncias”; “lo que estamos tratando de hacer es comprobarlas”. No obstante, mencionó que entre las denuncias se señala “que hay ediles del PN también contratados con altos salarios en la CARU” y “que se han hecho concursos por fuera de la normativa”.

El pedido de informes

La representante del FA por Paysandú, Cecilia Bottino, fue quien cursó el pedido de informes. “Yo ya tenía información de que había algunos problemas dentro de la CARU que nos habían denunciado, y a raíz de lo que pasó en Salto Grande me pasaron más información, y fue por eso que hicimos el pedido”, explicó en diálogo con la diaria.

Quienes ingresaron de forma directa, contó, son “un edil del PN”, Alejandro Mega, quien ingresó luego de la renuncia de Mario Bandera tras ser denunciado por violencia de género, y “el hermano de la diputada del PN Nancy Núñez”, David Núñez. Asimismo, según Bottino, “acaban de ingresar militantes de Jorge Larrañaga junior, de Alianza Nacional, a la que también pertenece el presidente de la CARU”. En el pedido de informes, Bottino consultó por “algunas irregularidades que estaban pasando con los concursos internos”, puesto que, según le informaron, “se cambiaron las condiciones de cómo se venían realizando” para permitir la participación de “personas que recién ingresaron y que antes por antigüedad no habrían podido participar”. De esta forma, estas modificaciones “les permitirían participar”.

El FA consultó sobre el número de “empleados” que ingresaron a la CARU desde 2020, tanto por modalidad de concurso como por modalidad de contratación directa; la oposición pide además que se detalle la “remuneración total” de cada uno de ellos.

Por otra parte, el FA solicita información acerca del “acuerdo de presidentes” dentro de la CARU que “justifica la creación de puestos de trabajo en lugar de resoluciones de la propia comisión”. Sánchez mencionó que también existen “denuncias de persecución” en el trabajo diario del organismo binacional, “un conjunto de acciones que parecieran ser acciones irregulares”. En ese sentido, la oposición incluyó en el pedido de informes una pregunta sobre la cantidad de denuncias de acoso presentadas por parte de funcionarios uruguayos en 2023.

Actualmente, el presidente de la delegación uruguaya de la CARU es el nacionalista Mario Ayala, exdiputado por el departamento de Artigas, vinculado al sector Alianza Nacional. El vicepresidente es el colorado Miguel Feris, quien fue candidato a intendente de Salto por el sector Ciudadanos. Los otros tres integrantes de la delegación uruguaya son María Eugenia Almirón, dirigente de Salto de la lista 71 (Herrerismo), Roberto Pérez Rodino y Miguel Ángel de Ocampo. la diaria intentó comunicarse con las distintas autoridades de la comisión pero no obtuvo respuesta.

Estatuto especial

La CARU, que tiene su sede en Paysandú, se rige por el Estatuto del Río Uruguay, suscripto por Uruguay y Argentina a fines de 1973. Según el artículo primero del estatuto, el principal cometido del organismo binacional es “establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay”.

El estatuto establece que la CARU “dictará su reglamento interno”; además, ambos países aportarán “los recursos necesarios y todos los elementos y facilidades indispensables” para el funcionamiento de la comisión y “celebrarán oportunamente los acuerdos conducentes a precisar los privilegios e inmunidades de los miembros y personal de la misma”.

Sánchez sostuvo que existen “similitudes” con el caso de Salto Grande, y pidió a las autoridades de la CARU que contesten el pedido de informes “lo más rápido posible” porque, sostuvo, “se habla mucho en Paysandú de estos temas, se habla mucho de cómo a partir de la incidencia y los recursos de la CARU se están estructurando determinadas alianzas políticas para presentarse en las próximas elecciones”. “Estamos dando la oportunidad a las autoridades de ser transparentes y que le contesten al Parlamento”, agregó.

Sánchez comentó que, al igual que en Salto Grande, la oposición no tiene representación en la delegación uruguaya de la CARU. A su entender, “siempre es bueno que la oposición esté en los lugares para poder ejercer el contralor” y así evitar que “se generen este tipo de desviaciones por parte de algunos miembros del PN”.

Se prevé que la cancillería, junto a las distintas comisiones binacionales, comparezcan el martes próximo ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza la Rendición de Cuentas. En esta ocasión, se prevé que Ayala lleve un informe sobre su administración y en específico sobre las contrataciones, según adelantó a la diaria el senador del PN Jorge Gandini al ser consultado por este tema.

“Hay algunas contrataciones, muchas menos, y no integran la plantilla, es temporal, no se transforman en funcionarios”, afirmó el nacionalista; además planteó que “el presupuesto de la CARU, lejos de reforzarse, se redujo de forma importante”, contrario a lo que sucedió en el caso de la CTM. El legislador fue uno de los oficialistas que plantearon su descontento frente a lo ocurrido en la CTM y presentó un proyecto de ley para fortalecer los controles sobre la delegación uruguaya de ese organismo.

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