Tras la aprobación del proyecto del gobierno que busca liberar los archivos del pasado reciente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dirigentes del Frente Amplio (FA) se reunieron este jueves con la organización de ex presos políticos Crysol, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y el Observatorio Luz Ibarburu para intercambiar sobre la iniciativa.
Las organizaciones sociales y la oposición coincidieron en que el gobierno propone construir una normativa en un campo que ya está legislado, con referencia a que el Archivo de la Memoria ya existe en el ámbito del Archivo General de la Nación.
A la salida de la reunión, que duró unas dos horas, el presidente del FA, Fernando Pereira, fue crítico con el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien acusó a esa fuerza política de no haber sido transparente con los archivos durante sus gobiernos. “Nos habla como si fuese una novedad la creación de archivos de acceso público. El problema está en que nos presentan una ley y lo primero es que faltan a la palabra”, afirmó Pereira en una rueda de prensa.
Pereira transmitió varias quejas hacia la vicepresidenta, Beatriz Argimón, puesto que se había comprometido a citar a las organizaciones vinculadas a los derechos humanos para que fueran escuchadas ante “un proyecto de ley que tiene que ver, ni más ni menos”, con las víctimas de la dictadura, familiares de los desaparecidos o ex presos políticos.
“Esto es no escuchar a la sociedad civil; además se falta a la palabra, algo que es grave en política, porque se va generando la idea de que se puede legislar sin escuchar a la sociedad”, criticó Pereira y recalcó que la “mayor parte de la verdad” está en manos de los “torturadores, no de los torturados, de los torturadores” que “torturando dañaron, asesinaron, desaparecieron a cientos de compañeros nuestros”. Uno de los cuestionamientos que surgieron desde filas de la oposición hacia este proyecto tiene que ver, precisamente, con la posible exposición de testimonios obtenidos bajo tortura.
“Nuestra lucha en los últimos 40 años ha sido por verdad, memoria y justicia, todo lo que esté a favor de la verdad, pero también todo lo que esté a favor de cuidar a las víctimas”, continuó Pereira y consideró que “subvertir el orden”, como “pretende” hacer García, es “hacer politiquería barata”. “Cuidar a las víctimas es cuidar a los que sufrieron los atropellos de la dictadura que hasta hoy se mantienen. La verdad, la que hay que documentar, sólo la tiene una parte: los militares”, cerró.
Por su parte, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, señaló que la “principal preocupación” de la organización social es que el gobierno adoptó la “costumbre de ignorar” y cerrar las puertas a la sociedad civil para expresar sus puntos de vista. “No puede ser que se apruebe un proyecto de ley sin que se nos otorgue la posibilidad de dar nuestra opinión”, expresó.
Grisoni dijo que no aceptan que pretendan darles lecciones de “búsqueda de la verdad” quienes “siempre defendieron la impunidad para los terroristas de Estado y que tienen integrantes de los terroristas de Estado en su coalición gubernamental”.
En tanto, Fernanda Aguirre, que está al frente de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, dijo a la diaria que las demoras en el proceso de digitalización y sistematización del registro de la información responden a “falta de recursos”. “Si se quiere cumplir el objetivo que se plantea, lo que hay que hacer es darle presupuesto a la normativa ya existente, que además tiene garantías que se pretende sacar en la nueva legislación”, acusó.
Para Aguirre, en realidad, “se quiere generar la ilusión de que hay preocupación sobre un tema construyendo nueva legislación, acusando transparencia, cuando en realidad no se ha actuado de esa manera”.