Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Los datos de criminalidad son un tema de preocupación ciudadana, en gran medida por el lógico temor de cualquier persona a ser víctima de un delito, y está muy extendida la percepción de que el problema se resuelve privando de su libertad a quienes violan la ley. Es mucho menor la inquietud social acerca de lo que ocurre con las personas privadas de libertad.
Una de las consecuencias de esta situación es que desde el sistema partidario se reiteran las propuestas y la aprobación de proyectos de ley para aumentar los tiempos de condena, pero escasean las iniciativas para mejorar las condiciones de reclusión e intentar que se cumpla alguna vez el artículo 26 de la Constitución, donde dice que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
La cantidad de personas privadas de su libertad ha registrado un aumento sostenido, y las condiciones inhumanas en que muchas de ellas viven son señaladas periódicamente por observadores de organismos internacionales y por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, pero no se divisa una posibilidad de resolver el problema, que a menudo ni siquiera es reconocido como tal. Dos notas en esta edición dan cuenta de ello.
La cárcel de mujeres llamada Unidad 5, en Colón, tiene una capacidad prevista para 446 reclusas y albergaba a 710 cuando se presentó una demanda ante la Justicia para que se interrumpieran los ingresos, por lo menos hasta que el hacinamiento fuera de 120%, con 535 personas. También se solicitó que destinara 150 personas a funciones de guardia interna (en vez de las 24 efectivamente disponibles) para que hubiera una relación razonable con la cantidad de presas, y que se realizaran obras para resolver carencias de infraestructura sanitaria y eléctrica.
El juez Matías Porciúncula aceptó parcialmente el recurso. Entendió que el cese de los ingresos en ese centro de reclusión podría causar otros problemas, y que no le correspondía darle directivas al Ministerio del Interior sobre la cantidad de funcionarios que debe asignar a una de sus dependencias. Por lo tanto, sólo le ordenó presentar un plan de acción a implementar en 120 días, con el objetivo de lograr la mencionada reducción del nivel de hacinamiento a 120%, y encarar la carencia de personal de tal modo que las reclusas puedan ejercer su derecho a realizar actividades laborales, educativas y recreativas, sin permanecer gran parte del día en aislamiento. Algo es algo.
Por otra parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) había expresado su alarma por la situación en el centro El Tribal del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), donde considera que los adolescentes están en peligro mortal. Esto le molestó sobremanera al presidente del INAU, Pablo Abdala, quien sostuvo ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado que “la situación está controlada” en ese centro y que le “sorprendió mucho” la “actitud” del directorio de la INDDHH, deslizando además que no quería atribuirle intenciones.
Hasta mañana.