Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Desde que terminó la dictadura, el prolongado conflicto entre la impunidad y la justicia se expresa por una parte en datos cuantificables. Entre ellos, la cantidad de procesamientos y condenas, de detenidos aún desaparecidos, de décadas transcurridas y de votos en el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia o las consultas populares.
Otra parte del conflicto se ubica en el terreno de lo simbólico. Disputas acerca del nombre propio y el significado de acontecimientos atroces atraviesan el debate público, lo moldean y buscan encaminarlo hacia la justicia o la impunidad. En este campo de batalla se realizan a veces gestos sin ninguna consecuencia material inmediata, pero cargados de intencionalidad, como la presentación de una demanda en la Corte Internacional Penal (CIP) de La Haya contra el Estado uruguayo, reclamando que se le condene por atacar, con motivación política y en forma generalizada y sistemática, a los “funcionarios civiles, militares y policiales” de la dictadura, y que se le recomiende “excarcelar inmediatamente” a quienes han sido procesados por violar los derechos humanos.
El abogado Rafael Ravera, defensor de represores que recientemente fracasó con una denuncia contra el fiscal Ricardo Perciballe, le planteó a la CIP que el Estado uruguayo cometió delitos de lesa humanidad, pero no en dictadura, sino cuando el poeta Juan Gelman y su nieta recuperada, Macarena, lo denunciaron ante el sistema interamericano de derechos humanos, una vez agotadas en nuestro país las posibilidades de que se hiciera justicia acerca de la desaparición de María Claudia García, nuera de Juan y madre de Macarena, y de la sustitución de identidad de esta. Según el abogado, al no defenderse como debía, Uruguay violó los derechos de los acusados de esos crímenes.
Ravera alegó también que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman violó nada menos que principios generales del derecho y varios tratados internacionales.
También en el plano de lo simbólico, la mayoría oficialista que dirige la Administración Nacional de Educación Pública decidió eliminar la expresión “terrorismo de Estado” en el programa de Historia para primer año de bachillerato (antes cuarto de liceo), que comenzará a usarse este año, e introducir el tema de “los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos”.
La definición del terrorismo tiene unos 230 años y se refirió originalmente al uso deliberado de la violencia extrema desde el Estado para causar temor. En uno de los períodos de la Revolución Francesa, de 1793 a 1794, Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, más conocido simplemente como Robespierre, sostenía que el terror era “una justicia rápida, severa e inflexible”, y una “consecuencia del principio general de la democracia, aplicado a las necesidades más apremiantes de la patria”.
El término no se ha incorporado al derecho internacional, muy probablemente porque este es definido por acuerdos entre gobiernos, pero en los países que sufrieron el terrorismo de Estado sabemos bien de qué se trata. El intento de que ese conocimiento no se transmita a las nuevas generaciones tiene un significado muy evidente.
Hasta mañana.