En pocos días, ocurrieron dos asuntos que atañen a la relación entre las grandes empresas de comunicación y el sistema político. Por un lado, los senadores de los partidos gobernantes aprobaron una nueva ley de medios, que beneficia a esas empresas. Por esas horas, un larguísimo aviso televisivo del candidato oficialista Álvaro Delgado llamó la atención por romper la veda previa a las elecciones internas.
Se sabe desde hace tiempo que ciertos grupos políticos –usualmente, alineados con la orientación de este gobierno– obtienen “descuentos” para hacer campaña electoral en la tanda de los canales privados de tevé abierta. Es presumible que, a cambio, los propietarios de esos canales pidan algunos favores. Posiblemente les agraden las modificaciones que introduce la nueva ley de medios, que, entre otras cosas, los exonera de pagar por el uso de ondas públicas, favorece (y legitima) la conformación de grandes grupos económicos y libera la extranjerización de las concesiones existentes.
Dos asuntos formales distrajeron la atención de esas transformaciones sustanciales: por un lado, la prontitud con la que los partidos gobernantes tramitaron la votación, que al tratarse como “grave y urgente”, se salteó las instancias de estudio previo acordadas entre el oficialismo y la oposición. Por otro, la inclusión de un artículo “cuartelero” que instauraría una agencia de monitoreo mediático, pero que difícilmente sea convalidado por la Cámara de Diputados.
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El colorado Ope Pasquet propuso usar el mismo mecanismo que permitió el tratamiento exprés de la ley de medios para votar la ley de eutanasia.
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