Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Si Amelia Sanjurjo no hubiera sido asesinada, podría tener hoy 87 años, más del doble de los que vivió. Habría sido contemporánea de acontecimientos que eran impensables, en Uruguay y en el resto del mundo, cuando la mataron en 1977. El embarazo que cursaba en aquel año pudo haber sido el comienzo de la vida de una hija o un hijo, que hoy tendría más años que los que tenía Amelia cuando desapareció.
Nunca sabremos qué habría sentido y pensado aquella militante cuando terminó la dictadura que la detuvo; cuando volvieron a ondear legalmente las banderas del Partido Comunista y el Frente Amplio, que fueron las suyas; cuando sus compañeras y compañeros llegaron al gobierno departamental de Montevideo primero y al nacional después; cuando comenzó la búsqueda de las demás personas detenidas y desaparecidas. Pero podemos imaginarla junto al grupo de familiares que se reunía, tenaz, en la plaza Libertad con sus carteles, después de la ley de caducidad y antes de la primera Marcha del Silencio. Podemos imaginar que habría caminado por 18 de Julio hasta esa plaza cada 20 de mayo, pensando en los que faltan, como tantos han marchado pensando en ella.
Si quienes torturaron y mataron a Amelia hubieran dicho la verdad sobre ella y el resto de sus víctimas, no habrían transcurrido tantos años de angustia e incertidumbre: 47 desde su asesinato, 40 desde que terminó la dictadura, 28 desde la primera marcha, 19 desde el comienzo de las excavaciones. Casi un año desde que se hallaron sus restos, en el predio del Batallón 14 de Infantería Paracaidista, hasta que se confirmó que era ella.
El presidente Luis Lacalle Pou escribió en su cuenta de X que la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo reafirma “el compromiso del gobierno con la búsqueda de personas desaparecidas”, pero esto sólo se puede considerar cierto en un sentido escaso y relativo.
El Poder Ejecutivo no ha hecho nada para frenar el lento y metódico trabajo de revisión del terreno en sitios donde puede haber restos de personas desaparecidas, cuyo presupuesto fue asegurado en el período de gobierno anterior, pero tampoco ha hecho nada para facilitar y potenciar ese trabajo con lo que falta desde hace décadas: datos sobre lo que hicieron los represores con los cuerpos de sus víctimas.
En cambio, desde el Ejecutivo y desde una parte muy importante del oficialismo se ha hecho mucho para desprestigiar a las víctimas del terrorismo de Estado, las directas y todas las demás en una sociedad privada de memoria, verdad y justicia. Se intentó incluso que el concepto de “terrorismo de Estado” desapareciera de un programa de Historia en Secundaria.
Se ha hecho mucho para descalificar a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y al reclamo ético que la motiva. Se intenta que los procesados y los condenados por violaciones de los derechos humanos pasen a un régimen más benigno de prisión domiciliaria. Se le ha querido dar categoría de “verdad” a documentos sobre espionaje e interrogatorios ilegales, equiparándolos a la verdad que falta y no se exige desde el mando superior de las Fuerzas Armadas.
Un verdadero compromiso es otra cosa.
Hasta mañana.