Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Después de que el martes la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos repudiara la designación de la abogada Graciela Figueredo como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, por parte de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, fuentes de la cartera dijeron a la diaria que la resolución está actualmente en etapa de estudio. El rechazo por parte de la organización tiene que ver con que Figueredo, como integrante del equipo de abogados del Centro Militar, ha defendido a militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, afirmó a este medio que ven con “preocupación” la designación de Figueredo y apuestan por “mantener el diálogo y buscar que se tomen los recaudos para no seguir con estas situaciones donde se generan este tipo de problemas que son realmente muy preocupantes”. También señaló que la abogada ya “ha sido observada por el sistema judicial por presentar chicanas continuamente para dilatar los juicios”, y adelantó que la asociación prevé realizar una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para conocer cuál es el rol que cumple la abogada “y, sobre todo, quién le paga”.
En paralelo, el MDN suspendió el pago de las jubilaciones de cuatro militares que hoy se encuentran prófugos de la Justicia en causas que investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar, según informó TV Ciudad y confirmó la diaria con fuentes judiciales. La decisión es en respuesta a distintas órdenes judiciales que avalaron el pedido del fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien presentó un escrito en cada uno de los casos reclamando a la Dirección de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas la aplicación del artículo 127 de la Ley 16.170, que establece que “los beneficiarios de una pasividad militar residentes en un país extranjero podrán continuar en el goce y percepción de la misma, debiendo acreditar en forma semestral su existencia, mediante revista consular u otra modalidad fehaciente que disponga el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas”.
El capítulo “derechos humanos y pasado reciente” no termina ahí porque el diputado del Frente Amplio (FA) Sebastián Valdomir dijo este miércoles a la diaria que, tras recientes declaraciones de legisladores opositores, propondrá a la bancada oficialista que se desarchive o se vuelva a presentar el proyecto sobre el negacionismo del terrorismo de Estado, impulsado en el período pasado. Se refirió en particular a la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que dijo “tenemos que convencer a la población de sacar a los presos de Domingo Arena”, en referencia a los militares detenidos por delitos de lesa humanidad, y a su compañero de bancada Sergio Botana, quien señaló que “las víctimas de la dictadura en Uruguay son 30 desaparecidos y otro tanto de muertos”.
Para Valdomir, hay “una ofensiva importante para tratar de generar un quiebre en la política que han seguido los gobiernos del FA, que es avanzar en justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura”, y apuntó que el trasfondo es “intentar conseguir la prisión domiciliaria para la gente que está presa en Domingo Arena”.
Hasta mañana.