El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) decidió la suspensión del pago de las jubilaciones de cuatro militares que actualmente se encuentran prófugos de la Justicia en causas que investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar, según informó TV Ciudad y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
La decisión del MDN responde a distintas órdenes judiciales, provenientes de los juzgados de 23° y 27° turno, que avalaron el pedido del fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien presentó un escrito en cada uno de los casos reclamando a la Dirección de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas la aplicación del artículo 127 de la Ley 16.170, que establece que “los beneficiarios de una pasividad militar residentes en un país extranjero podrán continuar en el goce y percepción de la misma, debiendo acreditar en forma semestral su existencia, mediante revista consular u otra modalidad fehaciente que disponga el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas”.
El artículo agrega que “en caso de no acreditar la existencia transcurrido un año de acaecida la última, se procederá a la baja de la pasividad hasta tanto se solicite la reincorporación al presupuesto”. El marco legal fue modificado en el período pasado, en diciembre de 2020, y determinó que solo se exigiera una constancia de vida a las personas radicadas en el exterior, cuando antes era algo que se requería a todos los jubilados militares.
Por otra parte, Perciballe presentó un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que notifique a Interpol en el caso de que alguno de los militares prófugos de la Justicia uruguaya se presente ante el consulado. El fiscal denunció la situación de Roberto Freddy Amorín, Tabaré Camacho y Jorge Grau, quienes continuaron cobrando la jubilación tras entregar un certificado de existencia ante el consulado uruguayo en Miami.
Hay 16 militares requeridos por la Justicia uruguaya, 12 de los cuales están prófugos, mientras que tres tienen el aval jurídico de los países en los que residen, que negaron la extradición. El uno restante, de Daniel Maiorano, exintegrante de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval, se encuentra en trámite. Se trata de José Luis Parisi Alegre, Jorge Grau, José Eduardo Delgado, Alfredo Ángel Fresia Dubouix, Roberto Freddy Amorín, José Walter Bassani Sacías, Wellington Sarli, Tabaré Camacho, Juan Manuel Pagola, Juan Carlos Esponda, Pedro Narbondo y Manuel Vicente Zapata.