“Tenemos que convencer a la población de sacar a los presos de Domingo Arena”, dijo la senadora blanca Graciela Bianchi en un evento en el Parlamento, este martes, sobre los militares detenidos por delitos de lesa humanidad. Agregó que en Uruguay solo “quedan cuatro” desaparecidos y que los militares no tuvieron “voluntad de exterminio”, sino “desviaciones”. Y así, los proyectos de ley de prisión domiciliaria para mayores de 70 años volvieron a estar en el tapete (en este período, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi y el senador colorado Pedro Bordaberry presentaron iniciativas similares en ese sentido).
A su vez, el senador blanco Sergio Botana, en entrevista con Canal 5, dijo que “las víctimas de la dictadura en Uruguay son 30 desaparecidos y otro tanto de muertos”. En diálogo con la diaria, Botana señaló que en Domingo Arena “hay un montón de presos políticos y eso termina siendo una vergüenza para nuestra república”, porque “estamos sancionando a los gurises de aquella época, y muchos de ellos no estaban en los cuarteles o no tenían nada que ver con las situaciones que se dieron”. Por lo tanto, le parece que hay “mucha situación sumamente injusta por ahí”.
En cuanto a las iniciativas parlamentarias, Botana dijo que “habría que pensar en una ley general de prisión domiciliaria a los 70 años”, y subrayó que de este tema se desprenden dos cosas. La primera es que “los que están presos por mera convicción del fiscal y del juez, sin prueba alguna”, están recluidos “por exceso absoluto y el país tiene que hacer algo” al respecto; el segundo tema es impulsar esa “norma general” para aquellos presos “cuyo grado de peligrosidad es de verdad muy poco, y por razones humanitarias” para los de más de 70 años o quienes tienen “enfermedades terminales”.
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada nacionalista de la cámara baja, dijo a la diaria que los proyectos de prisión domiciliaria todavía no los analizaron, pero, más allá de eso, había “voluntad de avanzar en ese sentido”. Agregó que, en los últimos días, el tema se volvió a poner arriba de la mesa, pero “no de la mejor manera”, en referencia a que el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone puso como condición para votar la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado que se trate el proyecto de prisión domiciliaria. Rodríguez aseguró que le dijo a Perrone que “creo que hay que avanzar en ese tema, pero no vamos a aceptar ningún tipo de maniobra que se asemeje a un chantaje”.
En tanto, este miércoles de noche, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, en el marco de un homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz realizado por su partido, fue consultado en rueda de prensa por las declaraciones de Bianchi y de Botana –específicamente, sobre que hay que sacar a los presos de Domingo Arena–. Delgado contestó en forma sucinta: “No tengo opinión al respecto, no escuché las opiniones de ellos. Creo también que en un momento tenemos que mirar para adelante”.
Valdomir: “Extremo absurdo”
“Sin duda: hay una ofensiva importante para tratar de generar un quiebre en la política que han seguido los gobiernos del Frente Amplio [FA], que es avanzar en justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura”, señaló a la diaria el diputado del oficialismo Sebastián Valdomir. Agregó que el trasfondo de esta ofensiva es “intentar conseguir la prisión domiciliaria para la gente que está presa en Domingo Arena”, pero subrayó que “el extremo absurdo de llegar a decir que en realidad no son 200 los detenidos desaparecidos es pasar todos los límites de la decencia democrática y republicana”.
Por lo tanto, Valdomir dijo que propondrá a la bancada del FA que se desarchive o se vuelva a presentar el proyecto sobre el negacionismo del terrorismo de Estado, que impulsaron en el período pasado, “porque lo que están haciendo tanto Botana como Bianchi y otros actores es negacionismo de la cantidad de gente que sufrió persecución, tortura y muerte por parte de los actores represivos de la dictadura”. Sostuvo que, al volver a presentar aquel proyecto de ley, se podrá discutir en el Parlamento “quiénes son los que están a favor y en contra de los derechos humanos en este país”.
El proyecto al que se refiere fue presentado el 2 de abril de 2024 por varios diputados del FA, y en su segundo artículo establece que “se considerará como negacionismo del terrorismo de Estado cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973”. “Así como los cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar acaecida desde el 27 de junio de 1973 hasta 28 de febrero de 1985”, agrega.
En el siguiente artículo dice que toda persona que incurriere en esa conducta antes descrita “deberá corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas, reivindicando el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas de dichos crímenes”. “La negativa a corregir sus afirmaciones será castigada con siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”, se establece en el último artículo del proyecto.