Las ollas solidarias y merenderos populares irrumpieron en la agenda pública en 2020, durante la pandemia de covid-19, que profundizó las situaciones de precariedad alimentaria que afrontaba la población de nuestro país. Desde entonces, permanecieron en funcionamiento, aunque un relevamiento difundido el año pasado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) constató una caída en su número de 35% con respecto al 2020, a pesar de “variaciones acotadas” en el fenómeno. En este sentido, y para conversar sobre las problemáticas que se presentan y las iniciativas que buscan aplacarlas, este miércoles visitaron la diaria Radio Esteban Corrales y Sofía Arellano, integrantes de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas (CPS).
Corrales resaltó la estructura horizontal de la organización que integran, característica que dijo que les permite trabajar de manera organizada, “a pesar de los flujos y los reflujos de la participación”. Por eso, reconoció que aunque el solo hecho de mantener la CPS en funcionamiento durante seis años “ha sido difícil”; también resulta “gratificante en cuanto a los vínculos” generados a partir de la participación activa de sus integrantes, remarcó.
Con respecto a las cifras que se recogen en el informe de la FCS, y consultado acerca de si es de esperar un incremento en la cantidad de ollas ante la venida del invierno, Corrales evaluó que, más allá de ciertos cambios, “a rasgos generales se puede hablar de una permanencia”. De igual forma, dejó entrever que “si fue necesario hacer un tercer relevamiento del fenómeno” esto significa que “permanece”. “Estamos hablando de algo que amerita que se le preste atención”, destacó.
Arellano reveló que es usual que haya un crecimiento en la demanda de ollas y merenderos populares –según había indicado con anterioridad, hoy por hoy, unas 2.738 personas asumen el rol de coordinadoras de ollas o merenderos en nuestro país– durante el invierno, algo que se observa en la cantidad de porciones servidas; incluso añadió que algunas ollas “a veces definen aumentar la frecuencia semanal con la que salen”. “Siempre decimos que hay una diferencia entre el verano y el invierno en la cantidad de porciones que servimos y en la cantidad de trabajo que tenemos que hacer”, ahondó.
Consultada al respecto, la integrante de la CPS explicó que el público que asiste a ollas y merenderos por un plato de comida “está bastante marcado por la distribución territorial”. A modo de ejemplo, se refirió a la zona en la que trabajan tanto ella como Corrales, en el sur de Montevideo, donde no solo se observa un alto número de personas en situación de calle, sino que también se constató “una realidad que se fue desnudando” y que involucra a “otro montón de personas […] que están viviendo realmente mal”, como pensionistas y jubilados, personas que atraviesan problemas de salud mental e incluso exreclusos.
Para los otros barrios de la ciudad, dijo que en varios casos se atiende a “familias enteras” y que se observan particularmente mujeres jefas de hogar, así como niños, niñas y adolescentes. Recordó que en el informe ya mencionado destaca que, justamente, es en las infancias y adolescencias que se observan mayores niveles de inseguridad alimentaria.
Igualmente, apuntó que el hecho de que incluso personas que perciben algún tipo de remuneración del Estado, como los pensionistas, demuestra que “hay una vida que no se puede sostener”. Transparentó esto con el hecho de que hacia fines de mes las ollas observan un mayor caudal de gente, en tanto “se termina la plata”. “Lo que siempre decimos es que detrás del hambre hay muchos problemas”, ilustró.
“Hay todo otro montón de condiciones materiales que viven las personas que no les permiten llegar a ese alimento y son mucho más profundas”, reflexionó Arellano sobre la problemática, para la cual dijo que es necesario “trabajar en resolver”.
Vínculo con el gobierno: “El diálogo con las autoridades el año pasado fue muy bueno”
Por otra parte, y consultado al respecto, Corrales dijo que si bien el vínculo de la CPS con el gobierno de Luis Lacalle Pou “no era bueno”, ya que la administración pasada veía con desconfianza el hecho de que “las ollas populares se organizaran” y “prefería otras formas de vincularse”. Todo esto mientras se daba “un desmantelamiento de políticas territoriales” que “cubrían muchas necesidades en los barrios”, y que las ollas debieron suplir, denunció.
En contraposición, Corrales valoró la disposición al diálogo por parte del gobierno de Yamandú Orsi, algo que implicó tratar a la organización como un interlocutor válido. “En el tema de la inseguridad alimentaria se ha puesto arriba de la mesa, mediante un trabajo sistemático, todos estos años de denuncia de las situaciones que nosotros presenciábamos”, afirmó Corrales, que consideró que “fue necesario empujar un poco el tema” para obtener “cierto grado de respuesta de las autoridades”.
De forma similar se expresó Arellano, que explicó que mientras que la administración de Lacalle Pou apoyó a la CPS –hasta el momento de la denuncia ya mencionada– con alimentos a través de un privado, Uruguay Adelante, que cuestionó, el actual gobierno transfirió dichas tareas al Instituto Nacional de Alimentación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Aún así, aclaró que los aportes realizados no son suficientes para cubrir el total de las necesidades de las ollas ni tampoco contemplan otros elementos que utilizan en sus tareas. “Es un aporte que es necesario: no es suficiente pero lo necesitamos”, resumió.
Personas en situación de calle: “Estamos llegando a un límite donde tenemos que hacer otro pacto”
Finalmente, y consultadas sobre cómo entienden la problemática de las personas en calle, cuyo número ha venido en ascenso en los últimos años, Corrales admitió que, a partir de las experiencias de las que fue parte, la problemática es “algo que golpea los ojos”. “Uno escucha de todo un poco, pero el tema de las personas en situación de calle es un tema que notoriamente ha aumentado en los últimos años y es un problema”, resumió
Empero, el integrante de la CPS expresó su rechazo ante los discursos que colocan a las personas en calle como causales de un problema de convivencia e instó a “tener suficiente visión de las cosas”. “Hay que ver esto desde una perspectiva humana, de solidaridad y de pensar que detrás del derecho vulnerado que hace una persona que vive en la calle hay un conjunto de derechos vulnerados”, afirmó.
Por su parte, Arellano dijo que si bien “cualquier proyecto o programa que tenga que ver con mejorar la vida de las personas” es bienvenido, desde la organización entienden que resulta imprescindible atender los problemas estructurales, y que atribuyó a un modelo de desigualdades que impera en la sociedad contemporánea, dado que “en ese marco de sociedad, el hambre, la desigualdad [y] la pobreza siempre van a estar”. “¿Cuánto podemos tolerar de los gurises pasando hambre, expuestos a situaciones de violencia, de personas en situación de calle, de personas jubiladas y adultos mayores pasando hambre?”, interpeló. Y concluyó: “Creo que estamos llegando a un límite donde tenemos que hacer otro pacto y resolver este mundo de otra manera”.