El martes, el programa Así nos va, de Radio Carve, informó que el presidente Yamandú Orsi obtuvo un descuento estimado en 25.000 dólares en la compra de una camioneta Hyundai de alta gama el 21 de febrero, unos días antes de asumir como primer mandatario. El monto surge de la comparación que hizo el programa entre el valor de la camioneta informado por Orsi en su declaración jurada (aproximadamente 79.000 dólares) y lo que efectivamente pagó, según la factura enviada por Presidencia de la República a Así nos va (54.000 dólares). “El punto central es saber si esta rebaja fue una condición comercial ordinaria, disponible para cualquier comprador, o una ventaja particular otorgada a quien ocho días después iba a asumir la Presidencia de la República”, indicó el informe del programa.
Al mismo tiempo, Así nos va informó que la fórmula presidencial utilizó en la ceremonia de asunción un vehículo Hyundai ofrecido por Fidocar, representante de la marca en Uruguay, y que pertenecía a la misma concesionaria que le vendió la camioneta a Orsi, Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai.
El martes, el diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes dirigido a Presidencia de la República en el que solicita conocer quién tomó la decisión de utilizar un vehículo de la marca Hyundai para la ceremonia de asunción, teniendo en cuenta el “descuento de significativa entidad económica” que se le hizo a Orsi antes de su asunción en la compra de un vehículo de la misma concesionaria y, en particular, saber si “existió contacto directo o indirecto” entre Presidencia de la República y representantes de la marca, y si el presidente participó en la selección del vehículo.
También solicita saber si el vehículo utilizado en la asunción fue proporcionado “a título gratuito, mediante arrendamiento, mediante contrato de patrocinio” u otra modalidad, y si “existió algún tipo de acuerdo institucional, comercial, publicitario o protocolar” con la marca en cuestión.
Finalmente, consulta si Presidencia de la República hizo algún análisis de “eventuales conflictos de interés o afectaciones al principio de transparencia administrativa” derivados de este caso.