Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El debate acerca del proyecto Neptuno/Arazatí es muy relevante por sí mismo, pero también abre la posibilidad de una discusión más amplia, sin duda necesaria.
Pese a las objeciones desde la comunidad científica, organizaciones socioambientales y el equipo de gobierno electo, el presidente Luis Lacalle Pou quiere dejar firmado el contrato para que el consorcio privado Aguas de Montevideo realice la obra, y alega que su mandato continúa hasta el último día. Esto es indiscutible desde el punto de vista legal, pero como decía Saulo de Tarso, llamado San Pablo en la tradición católica, no todo lo lícito es conveniente.
La Constitución incluye previsiones sobre la aprobación de medidas cuyas consecuencias exceden un período de gobierno. Si un gobierno departamental quiere acceder a un crédito pagadero más allá del mandato del intendente, debe aprobarlo una mayoría especial de dos tercios del total de integrantes de la Junta Departamental. Esta norma cobró relevancia en 2021 y 2022, cuando Yamandú Orsi y Carolina Cosse, entonces intendentes de Canelones y de Montevideo, propusieron con diversa suerte que se aprobaran préstamos en las correspondientes juntas departamentales.
Otra disposición constitucional, violada cientos o quizá miles de veces, prohíbe incluir en los presupuestos y las leyes de Rendición de Cuentas “disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de gobierno” en curso.
En ambos casos, el fundamento es comprensible: apunta a que un Poder Ejecutivo no adopte resoluciones con efectos que tendrán que asumir el siguiente o los siguientes, o al menos exige un acuerdo con la oposición para que pueda hacerlo. Sin embargo, es un hecho que los gobiernos nacionales y departamentales toman una gran cantidad de decisiones de este tipo, e impedirlo tendría muchas consecuencias irracionales. Por ejemplo, sería imposible construir escuelas o crear impuestos.
De todos modos, cuando están en juego cuestiones de obvio interés común para varias generaciones, como sucede con el proyecto Neptuno/Arazatí, sería muy sensato que las normas plantearan límites, precauciones y requisitos de mayorías especiales. Lo mismo se puede decir sobre cualquier decisión que implique la posibilidad de grandes impactos ambientales, como la aprobación del uso de agroquímicos riesgosos y muchas otras.
La obra que se quiere realizar en la costa de San José, para tomar agua del Río de la Plata y destinarla al consumo del área metropolitana, tendría consecuencias económicas importantes para el Estado. No sólo se comprometen pagos a Aguas de Montevideo durante muchos años, sino que además ese consorcio podría reclamar indemnizaciones si el próximo gobierno resuelve dar marcha atrás. Además, puede causar efectos ambientales muy indeseables, y hay fuertes argumentos científicos contra el uso despreocupado de esa agua en la red de OSE. No son consecuencias reversibles de un día para otro.
Las normas cuya existencia sería prudente ni siquiera se han propuesto, pero es muy claro que el tema está entre los que requieren políticas de Estado, y sería tan lamentable como grave que Lacalle Pou se amparara en que hasta el 1º de marzo manda él.
Hasta mañana.