Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó este jueves datos actualizados sobre las denuncias y casos en investigación de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado. Actualmente, de la cifra de uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay y en la región, 43 corresponden a casos aclarados y 162 a casos activos. Además, se dieron a conocer los nombres y la historia de los ocho casos que se incorporaron a la lista de 197 detenidos desaparecidos, de los cuales tres son casos activos y cinco ya fueron aclarados. Se trata de Luis Eduardo Bergés García, Aldeber Elgart, Antonio Cosimo Vulcano Díaz, Modesto Orestes Caballero Osuna, Ángel Eduardo González Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, María Mercedes Hourquebie de Francese y Eduardo Rosado Galarza.

Después de que se conociera que el astillero español Cardama inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos OPV, la oposición brindó una conferencia de prensa en la que el diputado blanco Gabriel Gianoli señaló que así se confirma que no hubo “una decisión en lo técnico”, sino “una decisión política, de terminar con la construcción de las patrulleras oceánicas y con la obra del gobierno de Luis Lacalle Pou”. Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que se “impone la comparecencia urgente de la señora ministra” de Defensa Nacional, Sandra Lazo, al Parlamento.

Pero el caso Cardama también tuvo novedades a nivel judicial, ya que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, decidió trasladar al fiscal Alejandro Machado, que investigaba la compra de las patrulleras como titular de la Fiscalía especializada en Delitos Económicos, a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, cargo al que Machado se había postulado.

A su vez, también este jueves, la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, presentó la acusación contra el exsenador Charles Carrera. Fleitas pidió cuatro años de prisión, inhabilitación para que Carrera se desempeñe en cargos públicos por tres años y una multa de alrededor de dos millones de pesos. En su cuenta de X, Carrera dijo que “el mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a [Luis] Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset, a mí me pidieron cuatro años de prisión”. “Hoy comienza el juicio y comienza también la etapa en la que podré demostrar, con pruebas y frente a la sociedad, mi más absoluta inocencia”, concluyó.

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