La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó este jueves datos actualizados sobre las denuncias relevadas y los casos en investigación relativos a la desaparición forzada de personas por razones políticas ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como en el marco del terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Del informe se desprende una actualización de la cifra de uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay y en países de la región, de los cuales 43 corresponden a casos aclarados y 162 a casos activos.

“Es importante tener presente que el número exacto de víctimas de desaparición forzada solo podrá conocerse si los victimarios la informaran y aportaran los datos para localizarlas. Mientras tanto, siempre será un número aproximado y variado”, sostuvo la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, antes de dar paso a la presentación de los datos por parte del equipo de investigación de la INDDHH, compuesto por Mauricio Pérez, Walter Pernas, Lourdes Rodríguez y Fabián Werner.

Los datos surgen del trabajo del equipo desde su conformación, en 2020 –en el marco de la Ley 19.822–, y hasta la fecha. Durante ese período, han relevado 326 denuncias de desaparición forzada, tanto en Uruguay como en el exterior, presentadas en instancias oficiales y no oficiales. La última denuncia fue recibida a mediados de abril y refiere a hechos ocurridos hace 50 años, explicó Werner. Por tanto, “la expectativa que tenemos es que esa cantidad de denuncias vaya aumentando con el paso del tiempo”, señaló.

Entre esas 326 denuncias, hay 43 casos aclarados, ya sea por hallazgo de los restos (28); por certeza de su paradero, pero sin restos (11); o uruguayos identificados en el exterior que no integraban la lista de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (4). Al mismo tiempo, han sido descartadas 40 denuncias por distintos motivos, por ejemplo: “Porque la persona estaba viva en una fecha posterior a la denunciada, los hechos ocurrieron fuera del período establecido por la ley, no fue posible vincular su desaparición a ninguna actividad política, social o sindical, su desaparición no se produjo como resultado de las coordinaciones represivas comprobadas en el exterior, entre otras situaciones confirmadas de forma fehaciente”, señala el informe.

Además de las 162 personas declaradas e investigadas como detenidas desaparecidas, existen 81 denuncias que están siendo analizadas por el equipo de investigación. En total, hay 243 investigaciones activas. Pérez señaló que esas denuncias en análisis son casos en los que “no hay un elemento para confirmar que se trate de una situación de desaparición forzada y tampoco hay un elemento firme que permita descartar ese caso”. No obstante, aclaró que se trabaja en esos casos “como si fueran personas detenidas desaparecidas: buscamos información, solicitamos información a instituciones públicas, solicitamos información en el exterior, revisamos expedientes judiciales, revisamos los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, otros archivos oficiales para detectar, intentar dar con estas personas, determinar cómo fue su vida, si efectivamente la desaparición estuvo vinculada con estos casos”.

Werner acotó que hay “un número que todavía es indeterminado de casos en el exterior”, de los que se ha tenido conocimiento a partir de “la coordinación que hemos tenido con unidades de búsqueda del exterior y el análisis de expedientes judiciales en Argentina y en Chile, donde diferentes testimonios hablan de uruguayos sobre los que no se revela ningún dato que muestre su identidad pero que también habrían sido de desaparición forzada”. “Estamos tratando de establecer si esos testimonios pueden llevar a conducir a la aparición de algún otro caso de desaparición forzada en el exterior de compatriotas en el marco de la persecución del Plan Cóndor en los años referidos”, indicó.

Los ocho casos nuevos

El equipo de investigación detalló los ocho casos que se incorporaron a la lista de 197 detenidos desaparecidos, de los cuales tres son casos activos y cinco ya fueron aclarados.

Casos activos

Luis Eduardo Bergés García

Bergés García nació en Trinidad, el 22 de enero de 1944. “Fue perseguido por el Servicio de Información de Defensa, que lo tenía fichado desde su militancia en la Juventud Comunista en Uruguay, a la que se afilió a los 18 años en 1962”, señala el informe. Estuvo detenido en Argentina, en la Colonia Penal de Viedma 12 de la provincia de Río Negro. Desde allí, el 12 de agosto de 1982, les informó a sus padres que el 22 de enero de 1983 sería liberado y que “lo pondrían en manos de Migraciones para su eventual regreso al país”, siendo esa su última comunicación con su familia en Uruguay, por lo tanto, la fecha que se toma como su desaparición.

Aldeber Elgart

Nació en Uruguay el 23 de agosto de 1921. Elgart vivía en la ciudad argentina de Mar del Plata, donde trabajaba, en el Yacht Club Playa Grande, y militaba en el Partido Comunista y en el Sindicato de Gastronómicos. “Fue secuestrado el 21 de junio de 1977 por cuatro hombres armados que se identificaron como policías e irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron. Le dijeron a su esposa que se quedara tranquila, que enseguida lo traían de vuelta. Nunca más se supo de su paradero”. La fecha de su desaparición es el 24 de junio de 1977. El caso de Elgart fue denunciado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina y ante la Justicia, “que lo declaró como ausente por desaparición forzada”.

Antonio Cosimo Vulcano Díaz

Vulcano nació el 18 de febrero de 1956 en Montevideo. Fue militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) y se exilió en Chile, donde continuó con su militancia. “También estuvo en Cuba y en México. En 1981 viajó a Colombia, donde se integró al grupo guerrillero M-19. El 11 de agosto de 1984 participa en el operativo militar “La toma de Yumbo”, dirigido por ese grupo, donde es herido de muerte. Fue enterrado como NN [nombre desconocido] en una fosa común, según información aportada por el Ministerio de Defensa de ese país”, indica el informe. Es el segundo caso de uruguayos víctimas de desaparición forzada en el marco de su vinculación a la guerrilla colombiana. El primer caso es el de Carlos Modernell.

Casos aclarados

Modesto Orestes Caballero Osuna

Nació el 7 de noviembre de 1941, en Bella Unión. En Argentina, fue militante del Sindicato de la Unión de Tranviarios Automotores-Seccional Sud, donde fue detenido el 21 de enero de 1977, tras concurrir a una reunión del sindicato en la sede de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. “La familia interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Juzgado Penal de Banfield y denuncia ante el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires. Sus restos fueron inhumados como NN en el cementerio de Avellaneda y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, detalla el informe.

Ángel Eduardo González Rodríguez

González Rodríguez nació el 27 de julio de 1950. Militó en el MLN y en la Junta Coordinadora Revolucionaria. Fue asesinado el 23 de diciembre de 1975, en el marco de un intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601 de Buenos Aires, conocido como “Domingo Viejobueno” por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “La acción estaba en conocimiento de los servicios de inteligencia argentinos debido a una infiltración dentro de la organización. Más de 60 militantes fueron asesinados y sus cadáveres depositados en el batallón y más tarde enterrados en una fosa común en el cementerio de Avellaneda”, sostiene el informe. Su madre, Blanca Margarita Rodríguez de Bessio –nacida en Río Negro–, es una de las detenidas desaparecidas denunciadas por Madres y Familiares. En 1977 viajó a Argentina para buscar a su hijo y allí fue secuestrada. Los restos de González Rodríguez fueron recuperados e identificados en 2006.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez

Sánchez Rodríguez nació el 28 de junio de 1951. Fue militante del MLN e integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Falleció el 23 de diciembre de 1975 en la misma acción del ERP donde murió González Rodríguez.

María Mercedes Hourquebie de Francese

Hourquebie nació el 9 de mayo de 1900, en Montevideo. Fue secuestrada en Argentina, el 3 de noviembre de 1977, en un operativo en su casa, acusada de apoyar económicamente y resguardar a militantes del grupo Montoneros. Fue la última de cuatro miembros de su familia en ser secuestrada. Su caso fue judicializado en Argentina y sus restos recuperados en el cementerio de Avellaneda e identificados en 1987 por el trabajo del EAAF.

Eduardo Rosado Galarza

Nació el 12 de marzo de 1949 en La Teja. Comenzó su militancia sindical a los 17 años como obrero en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y luego en el MLN. Estuvo exiliado en Argentina, Francia y Cuba. Viajó a El Salvador, donde participó en el conflicto armado de ese país. “Fue asesinado en 1984; sus restos fueron exhumados e identificados por el EAAF como parte del trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda de ese país”, señala el informe. En diálogo con la diaria, Werner señaló que la colaboración con la comisión comenzó a partir del caso de Rosado Galarza, que surgió a partir de un testimonio que permitió ubicar los restos en una fosa clandestina.