Este jueves, diputados de la coalición brindaron una conferencia de prensa en el Parlamento luego de que se conociera que el astillero español Cardama inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas con esa empresa.
El diputado blanco Gabriel Gianoli subrayó en la conferencia que Uruguay ahora enfrenta una demanda que la oposición había advertido “desde hace muchísimo tiempo”. Agregó que el contrato que desde el gobierno “defenestraban, que estaba hecho a medida, que no servía, hoy es la herramienta de defensa que tiene el Frente Amplio [FA] y el Estado uruguayo”. “Resulta que ahora vuelven a insistir con que no se trata de un tema técnico, cuando en esta misma sala nos cansamos de escuchar que era chatarra, que estaba mal soldada y que se hundía”, sostuvo.
Gianoli se refería a las últimas declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que recordó que el Estado rescindió el contrato por la falta de garantías del astillero español y no por motivos técnicos y que, por tanto, no corresponde que se recurra a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, como hizo Cardama.
Gianoli señaló que así se confirma que no hubo “una decisión en lo técnico” sino “una decisión política, de terminar con la construcción de las patrulleras oceánicas y con la obra del gobierno de Luis Lacalle Pou”. “Entendemos que estamos ante un hecho gravísimo, que expone a nuestro Estado a juicios millonarios, y que terminará pagando, como siempre, el pueblo uruguayo”, sostuvo.
Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani en la conferencia señaló que la acción internacional que inició Cardama “impone la comparecencia urgente de la señora ministra” de Defensa Nacional, Sandra Lazo, a la comisión especial que investiga el caso Cardama, y subrayó que se lo plantearán al presidente de la comisión (el senador blanco José Luis Falero). Schipani dijo que pedirán que la semana que viene se reúna extraordinariamente la comisión (la sesión ordinaria sería el lunes, pero es feriado), y Lazo comparezca “a dar las explicaciones del caso”.
“Estamos ante una flagrante contradicción, porque ahora parece que los aspectos técnicos no son relevantes, siendo que fue lo que escuchamos desde que el año pasado [2025] se anunció la rescisión del contrato con Cardama”, señaló el diputado colorado. Agregó que advirtieron una “contradicción evidente”, porque escucharon a distintos actores del gobierno señalar “que la vía del arbitraje internacional no es la idónea para dilucidar estas cuestiones”, pero resaltó que el 13 de febrero el gobierno emitió una resolución, firmada por el presidente Yamandú Orsi, que va en ese sentido.
Esa resolución dice: “Cométese al Ministerio de Defensa Nacional el inicio de acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales, así como la adopción de todas las medidas que conforme a derecho correspondieren, para preservar los intereses del Estado, en relación a la rescisión dispuesta del contrato con la empresa Francisco Cardama SA, en el ámbito nacional e internacional”. Por tanto, Schipani subrayó que es “el propio gobierno del FA quien ha reconocido, en un acto administrativo, la idoneidad de la vía arbitral, que ahora se está impugnando”.
A su vez, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, subrayó que la decisión de rescindir fue “si no la peor, probablemente una de las peores” decisiones porque, “hasta ahora, lo que hemos hecho es gastar más plata innecesariamente”. Señaló que ahora el gobierno “tuvo que contratar al estudio Uría Menéndez, para ver cómo se defiende” ante esta nueva situación. “Y seguimos pagando, seguimos sin tener patrulleras y seguimos sin saber cuánto nos va a costar todo este desastre, solo porque el gobierno, al encontrar que había efectivamente una garantía fraudulenta, creyó tener una herramienta para ganar una ventaja política a la administración del gobierno pasado”, sostuvo.
A su vez, el diputado blanco Pablo Abdala insistió en que a esta altura de las circunstancias “es indispensable y urgente que la ministra comparezca a la comisión investigadora”. Recordó que la comisión lleva más de dos meses de trabajo, tiene plazo de actuación de seis meses, y Lazo, “que es la principal responsable, objetivamente, de todo lo que la comisión está analizando, todavía no ha comparecido”.
Por último, Abdala dijo que “era obvio que Cardama no se iba a quedar cruzado de brazos, y que las acciones contra el Estado, más temprano que tarde, irían a concretarse, porque el gobierno actuó sin el más mínimo fundamento”.