Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El excanciller Francisco Bustillo está en una situación comprometida. Tiene un asunto pendiente con el sistema judicial, grave y vinculado a la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Dubái. En una causa iniciada en setiembre de 2022, el fiscal Alejandro Machado concluyó que Bustillo faltó a la verdad y le ocultó información al Senado “y, en definitiva, a la ciudadanía” cuando fue interpelado en agosto de ese año por la cuestión del pasaporte.
Más de un año después se abrió otra causa cuando, en el marco de la investigación de Machado, la exsubsecretaria de cancillería, Carolina Ache, denunció presiones desde Presidencia y una maniobra para mantener el ocultamiento de información ya mencionado, incluyendo la destrucción de un documento certificado y la intención de certificar un chat adulterado. Ache le entregó a Fiscalía registros de intercambios suyos con Bustillo en los que este le sugirió declarar falsamente que había perdido su celular y dijo que intentaría ejercer influencia sobre la instructora de un sumario en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estos antecedentes son la causa de que Bustillo sea un excanciller: renunció al día siguiente de la comparecencia de Ache en Fiscalía, y tres días después renunciaron también el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, su subsecretario Guillermo Maciel y el asesor de comunicación de Presidencia, Roberto Lafluf, todos comprometidos por las denuncias de la exsubsecretaria. No renunció, en cambio, el presidente Luis Lacalle Pou, indagado en la misma causa.
Bustillo es diplomático de carrera y renunció al cargo de ministro, pero no al ministerio. Estuvo ocho meses de licencia, con una remuneración mensual nominal de 152.493 pesos, no se le instruyó un sumario administrativo por las denuncias de Ache y tras la licencia pasó a desempeñarse como asesor en la Dirección General para Asuntos Políticos. Entre las controvertidas decisiones adoptadas por el actual Poder Ejecutivo en los últimos días de su mandato estuvo el pedido de venia (autorización) a la Comisión Permanente del Poder Legislativo para designar al excanciller como embajador en Perú.
La Comisión Permanente tiene 11 integrantes, seis del oficialismo saliente y cinco frenteamplistas. Estos últimos están en contra de conceder la venia solicitada, y ya anunció la misma posición la senadora colorada Carmen Sanguinetti, de modo que no hay mayoría para que la designación de Bustillo sea autorizada, y esto realmente es un alivio.
La negativa de quienes representan al Frente Amplio tiene un motivo formal de carácter general: a fines del año pasado, la Comisión Permanente le pidió al Ejecutivo que enviara todas las solicitudes de venia pendientes, estas ya fueron tratadas y no hay motivos de urgencia para considerar una más en los descuentos.
Hay también, obviamente, una razón específica en este caso: es inconcebible que una persona en la situación de Bustillo asuma la representación del Estado en otro país antes de que el sistema judicial tome una decisión, y que la propuesta venga del presidente, involucrado en el mismo escándalo, resulta indecoroso.
Hasta el lunes.