Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Tras la detención e imputación con prisión domiciliaria de Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano en busca de su reelección, desde el Partido Nacional (PN) se hace oír un coro que acusa a la Fiscalía General de la Nación de actuar al servicio de los intereses del Frente Amplio (FA) para favorecerlo en las elecciones departamentales del 11 de mayo.
Algunos cuestionamientos se han caracterizado por su brutalidad y en otros se usó un lenguaje relativamente cuidadoso, pero todos afirmaron que hay un ensañamiento con Besozzi por motivos políticos e incluso que la imputación de numerosos delitos es parte de un ataque ilegal contra él. Esta narrativa no es nueva, lamentablemente.
En 2015, la reforma vigente de Fiscalía fue aprobada por una amplísima mayoría: unanimidad en el Senado y un solo voto en contra en la Cámara de Representantes (el del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio). Jorge Díaz ya era fiscal de Corte, designado por unanimidad en 2012, y había impulsado firmemente aquella reforma. El sistema partidario conocía tanto su trayectoria como sus posiciones y sólo cabe deducir que las avalaba.
Sin embargo, luego desde el PN, el Partido Colorado y Cabildo Abierto se señaló a Díaz como responsable de que la nueva institucionalidad de Fiscalía operara para beneficiar al FA. Cuando Díaz renunció en 2021 y fue sustituido en forma interina por Juan Gómez, se sostuvo que este actuaba del mismo modo, bajo influencia de su antecesor.
Cuando Gómez fue reemplazado –nuevamente en forma interina– por Mónica Ferrero en 2023, los partidos que integraban el gobierno de Luis Lacalle Pou dejaron de considerar urgente designar a alguien como titular. Hasta hoy manifiestan su satisfacción con el desempeño de Ferrero, pero insisten en hablar de un sesgo frenteamplista en la institución. Antes decían que Díaz y Gómez violaban la independencia técnica de cada fiscal; ahora dicen que esa independencia se utiliza para apoyar al FA.
Ante la imputación de delitos a frenteamplistas con altas responsabilidades (entre ellos, Raúl Sendic hijo cuando era vicepresidente de la República), actuaciones como la de la exfiscal Gabriela Fossati en el llamado “caso Astesiano” o la decisión de archivar causas que comprometían a dirigentes de los partidos opuestos al FA, desde estos se ha saludado la independencia del sistema judicial. Cada vez que se pide la formalización de dirigentes de estos partidos reaparece el relato sobre la infiltración y las operaciones políticas frenteamplistas, dirigido contra Fiscalía en su conjunto y sin acotar siquiera que allí hay conductas diferentes (pese a que Pablo Iturralde, cuando era presidente del directorio del PN, le dijo a Gustavo Penadés que la fiscal encargada de su caso no iba a perjudicarlo porque era afín al nacionalismo).
Con la intención de defender el prestigio de sus partidos, en realidad lo socavan, junto con el de las instituciones en su conjunto y el del sistema judicial en particular. Se reivindica la “separación de poderes” mientras se exhorta a que el PN hable del asunto con el presidente, Yamandú Orsi, y “no permita” el presunto atropello. La insensatez es enorme.
Hasta mañana.