La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) solicitó una audiencia de carácter urgente al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para abordar una serie de situaciones que atribuyen a “un desgaste deliberado de las relaciones laborales” por parte del seguro médico privado Blue Cross & Blue Shield.
En una misiva enviada este viernes a Castillo, a la que accedió la diaria, los trabajadores acusan que la empresa desplegó “una política sistemática de hostigamiento, persecución sindical”, que involucra “amenazas explícitas, aprietes y un absoluto desconocimiento de los derechos laborales y normativas vigentes”.
Desde la FUS aseguran que las acciones que denuncian “configuran una clara estrategia de represión contra el trabajador sindicalizado” y que la empresa “está vulnerando de forma flagrante los fueros sindicales vigentes y los principios de libertad sindical”. Así, y ante “la gravedad de estos hechos”, exhortaron a Castillo a que les conceda una entrevista.
Según supo este medio, el diferendo tiene su origen en algunas diferencias en el marco de un proceso de sindicalización que lleva adelante un grupo reducido de la plantilla de trabajadores que se desempeñan en Blue Cross & Blue Shield.
En ese sentido, el secretario general de la FUS, Marcos Franco, explicó a la diaria que la empresa no contaba con un sindicato desde su llegada a Uruguay en 1994, algo que “vulneraba los derechos de los trabajadores”. También denunció, en la misma línea, que tampoco cumplía con una serie de “derechos que están consagrados en el laudo único que tiene la federación”.
Entre otros, el secretario general de la FUS notó que los funcionarios administrativos cumplían con nueve horas de trabajo hasta hace dos meses, cuando el laudo establece uno de siete. A eso le añadió que mientras que dicho laudo “dice que se tiene que pagar una prima por antigüedad en porcentaje de acuerdo a los años que se trabajan”, esto no era así. “Ni una cosa ni la otra estaban regularizadas”, acusó el sindicalista.
Franco comentó que esto desembocó en una intimación para que Blue Cross & Blue Shield “regularizara la situación” y que, ante ello, “lo que interpretaba la empresa era que debería hacerse un desglose de los sueldos que perciben los trabajadores”. Dijo que eso no fue aceptado por los trabajadores, quienes “se organizaron [y] se acercaron” a la FUS, que tuvo “sumo cuidado en cuanto a darle la garantía a la organización sindical”. Sin embargo, y según denunció, eso llevó a “medidas de presión permanente” de parte de la empresa.
Asimismo, acusó que aunque la plantilla de Blue Cross & Blue Shield está compuesta mayoritariamente por mujeres, dentro de la empresa “no existe ni funciona” una Comisión de Salud Laboral ni tampoco una de Género propiamente dichas. Por lo que si bien la empresa asegura contar con servicios “de calidad”, “en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores”, estos son “de cuarta o de quinta categoría”.
Según detalló, la situación implicó tres instancias tripartitas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero aun así, “no ha habido avances en cuanto a los reclamos presentados por los trabajadores” nucleados en el sindicato y la FUS. Por tal motivo se resolvió adoptar una “campaña de difusión pública” de los hechos denunciados, que eventualmente puede llevar a otras medidas en acuerdo con los trabajadores.
El dirigente de la FUS dijo que el sindicato esperará por la respuesta de Castillo, que “siempre ha sido receptivo a los planteos”, y que también se buscará conversar con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y con legisladores en el Parlamento. Además, se remitirá una nota a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina –la contraparte de la FUS en el país vecino– para transmitirles la situación, en tanto “los dueños [y] principales accionistas de Blue Cross están en Argentina”.
“Esperemos que esto se solucione políticamente”, expresó Franco, que caracterizó a la situación que atraviesan los trabajadores como “brutal”. “La federación lo que está haciendo ni más ni menos es hacer respetar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores”, afirmó.
la diaria intentó comunicarse con la empresa, desde donde prefirieron no emitir declaraciones.
