El 10 de diciembre de 2013 Uruguay se despegó de todos los países de la región al aprobar el proyecto de ley que regulaba el cannabis en el país. El Estado asumía “el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal”.
El objetivo de la ley, que fue promulgada días después, era “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado”. La ley establecía tres formas para acceder al cannabis psicoactivo de uso recreacional. Las dos primeras, el cultivo doméstico, que habilita a tener hasta seis plantas, y los clubes cannábicos, con entre 15 y 45 miembros, comenzaron a funcionar en 2014. La tercera forma, que permite adquirirlo en algunas farmacias tras registrarse previamente en el Correo Uruguayo, se estrenó recién en julio de 2017. Para 2022 el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) informaba que había 50.190 personas registradas para adquirir marihuana en farmacias, 14.264 cultivadores domésticos y 7.166 miembros de clubes cannábicos.
La ley dio algunos buenos resultados. Para empezar, quienes consumen marihuana en Uruguay acceden hoy a productos de mejor calidad y mejor precio que a los que accedían cuando la compraban en el mercado ilegal, que estaba dominado por lo que se denomina “prensado”, un producto resecado, con amoníaco y otras impurezas, que provenía principalmente de Paraguay. Según datos sobre consumo de sustancias provistos por la Junta Nacional de Drogas en 2024, el consumo de cannabis prensado de origen ilegal extranjero pasó del 58% al 6% en los últimos diez años.
Por otro lado, según datos del Observatorio Uruguayo de Drogas, el consumo no se disparó por la regulación. Si bien luego de aprobada la ley se produjo cierto incremento en el consumo, ese aumento fue similar o incluso menor que en países donde la marihuana aún es ilegal. Más aún, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General de 2024, del Observatorio Uruguayo de Drogas, ese incremento de hecho se redujo entre 2018 y 2024, quebrando una tendencia que venía al alza desde 2001. Mientras que en 2018 el 14,6% de la muestra había consumido cannabis al menos una vez en el último año, ese porcentaje bajó a 12,3% en 2024. Algo similar pasó con quienes lo habían consumido en los últimos 30 días: pasaron de ser 8,9% en 2018 a 7,7% en 2024. A esto se suma otro aspecto positivo: el Ircca reportó en 2019 que desde la regulación del mercado de cannabis se habían sacado hasta entonces unos 22 millones de dólares del mercado ilegal.
Sin embargo, pese a que casi siempre se pone el ejemplo de Neil Armstrong y su primera pisada en la Luna como algo destacable, ir a la completa vanguardia en algo no siempre es bien recibido por los demás. Aquí en Uruguay hay quienes, pese a la evidencia de que la regulación del mercado de cannabis no ha tenido consecuencias negativas –aunque sí hay aspectos a mejorar, como las campañas de educación y prevención, la disponibilidad del producto en farmacias, entre otras cosas–, se oponen fervorosamente a ello. Algunos por convicción, otros con argumentos, otros por razones ideológicas, preferirían volver a la guerra frontal contra las drogas –curiosamente, muchas de esas personas pasan por alto que la droga más consumida en nuestro país es el alcohol, con cifras que son alarmantes a escala mundial– y pregonan un retorno al viejo y fracasado prohibicionismo. La rápida lectura de un reciente artículo científico firmado por investigadores de Brasil podría hacerlos felices. Una lectura más atenta, empero, podría relativizar qué tan buena es la rigidez del prohibicionismo y prestaría argumentos para una regulación regional del cannabis.
Titulado algo así como Efectos de derrame transfronterizos de la regulación del cannabis en América del Sur, el artículo lleva la firma de Bruno de Assis, Giovanni di Pietra y Rafael Parftt, de la Facultad de Economía de San Pablo de la Fundación Getúlio Vargas, y Bruno Pantaleão, de la Facultad de Administración de Empresas de San Pablo, de la misma fundación. Allí no se andan con vueltas: “Este estudio demuestra que la regulación del cannabis recreativo en Uruguay contribuyó a la intensificación de las redes de tráfico ilegal, impulsada por cambios en el mercado de drogas cercano”, sostienen. Más aún, sin anestesia afirman que sus hallazgos “indican que la regulación en Uruguay provocó un aumento en las incautaciones de cannabis y cocaína en los municipios brasileños más cercanos a la frontera” y que también observaron “un aumento correspondiente en la violencia y los delitos contra la propiedad”.
Datos son datos y los brasileños los tienen. Pero en la interpretación de los datos, aun en la ciencia, se cuelan relatos. Más aún cuando el trabajo no fue publicado en una revista científica sobre políticas de droga, cannabis o sustancias psicoactivas y su relación con la sociedad, sino en una que se dedica al crimen (el Journal of Quantitative Criminology o Revista de Criminología Cuantitativa). Así las cosas, veamos qué dice el trabajo y luego pasemos a cómo puede interpretarse desde aquí. Para eso último contaremos con la colaboración del doctor en Psicología y experto en estos temas Paul Ruiz, quien además preside la Sociedad Latinoamericana de Investigación Biomédica sobre Alcoholismo (Lasbra por su sigla en inglés).
Una ola legalizadora... ¿y desestabilizadora?
Los autores del trabajo comienzan señalando que “desde 2012, el cannabis recreativo se ha legalizado en Uruguay, Canadá y 18 estados de Estados Unidos”, al tiempo que reseñan que en Estados Unidos 91% de la población está a favor de la legalización de la marihuana para uso recreacional y/o medicinal y que “tendencias similares se observan en los países de Europa”. Pero... como se trata de una revista científica dedicada al crimen, allí está su tema de interés.
“Comprender los impactos directos e indirectos de las regulaciones de drogas alternativas en la delincuencia y los mercados de drogas es crucial”, dicen en el trabajo. “Quienes defienden la legalización del cannabis argumentan que puede reducir las tasas de delincuencia, disminuir los costos sociales asociados con el encarcelamiento y la aplicación de la ley, y generar impactos fiscales positivos a través de la tributación”. Y si bien reconocen algunos logros en esos campos, también señalan que “el impacto de la legalización del cannabis en las organizaciones que trafican drogas aún sigue siendo incierto”. “A medida que la regulación de las drogas reduce la cuota de mercado de las organizaciones narcotraficantes en sus territorios de origen, estas pueden redirigir el excedente de producción a los mercados vecinos, abriendo potencialmente nuevos canales para mercancías ilegales e intensificando los conflictos en los mercados de drogas existentes, en particular aquellos que están estrechamente integrados”, conjeturan. Así que ver si algo de eso estaba pasando es lo que se propusieron: “En este artículo arrojamos luz sobre esta cuestión al investigar los efectos transfronterizos de la ley de cannabis recreativo de Uruguay de 2013 sobre los delitos relacionados con las drogas en municipios brasileños cercanos”.
¿Cómo observar efectos de la legalización de Uruguay en Brasil?
En el trabajo los investigadores se proponen “explorar estos efectos de derrame a través de la frontera” utilizando “datos detallados sobre delincuencia del Departamento de Seguridad Pública de Rio Grande do Sul, que incluye información sobre varias categorías de incidentes delictivos e incautaciones de drogas, categorizadas por tipo y cantidad”. Pero claro, aquí podrían ver cómo dos hechos, la legalización en Uruguay y los delitos e incautaciones de drogas en Brasil se desarrollan en simultáneo, lo que no quiere decir que una cosa esté incidiendo o causando cambios en la otra.
Para evitar este problema de la correlación que no implica causación, aplicaron “un estimador de Diferencias en Diferencias para identificar efectos causales, comparando regiones más cercanas a la frontera con regiones más alejadas, aprovechando así la variación geográfica en la proximidad a Uruguay”.
Dado que hay un “mercado común compartido entre Brasil y Uruguay, la falta de controles fronterizos estrictos y el énfasis de Brasil en el patrullaje vial como elemento clave para el control de drogas en la frontera”, en concreto utilizaron “el tiempo de viaje desde cada municipio del estado de Rio Grande do Sul hasta Uruguay como una fuente clave de variación en el tratamiento”.
El punto de partida para hacer este relevamiento de datos lo ponen en diciembre de 2013, cuando se aprobó la ley. Citando datos del Reporte Mundial sobre Drogas de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, sostienen que “tras la legalización, los precios minoristas promedio del cannabis” en Uruguay “disminuyeron de forma constante a medida que aumentaba la oferta y mejoraba la productividad, mientras que los precios en otros países sudamericanos aumentaron durante el mismo período”, agregando que el precio promedio del gramo de cannabis “en Uruguay se redujo significativamente, de 2,46 dólares en 2013 a 1,14 dólares seis años después. También reconocen que “Uruguay no sólo experimentó una disminución en los precios del cannabis, sino también una mejora en la calidad gracias a una regulación responsable” y que “el cannabis de baja calidad que se suele importar de Paraguay, conocido como prensada, fue reemplazado en gran medida por cogollos de flores de cannabis cultivadas legalmente”.
También sostienen, sin citar ninguna fuente ni referencia, que desde entonces “el país ha experimentado un aumento de las tasas de delincuencia, lo que ha provocado un debate a nivel nacional sobre si la regulación del cannabis ha contribuido a esta tendencia”. Luego agregan que “Uruguay ha experimentado un repunte de los delitos contra la propiedad y los homicidios desde 2013, así como un notable aumento de las incautaciones de drogas, en particular las que indican actividad exportadora, lo que también puede afectar a los países vecinos y a otros mercados de drogas de la región”.
A esto suman, citando un trabajo que estudió el efecto “derrame” entre estados que legalizaron el cannabis y los que no en Estados Unidos, que “la disminución de los costos, el aumento de la calidad y un probable aumento en la oferta de cannabis en Uruguay pueden atraer a organizaciones de narcotráfico de áreas vecinas, incentivándolas a comprar cannabis y contrabandearlo de regreso a casa”.
A urugaia é boa!
Es importante señalar que los propios autores sostienen que la marihuana prensada, “procedente principalmente de cultivos paraguayos en provincias cercanas a la frontera con Brasil”, constituye el “90% del cannabis consumido en Brasil” y que se comercializa “a entre 50 centavos y un dólar el gramo en el mercado [ilegal, les faltó decir] minorista”.
A su vez, afirman que “la producción de cannabis de mayor calidad aumentó rápidamente en Uruguay a costos muy bajos y, naturalmente, parte de esta producción comenzó a filtrarse a los mercados vecinos”, agregando que el cannabis de Uruguay pasó a ser “un producto seguro que se convirtió en un producto codiciado por los consumidores de Brasil y de otras partes de la región”.
Según los autores, antes de la regulación del cannabis recreativo de nuestro país, “los consumidores más sofisticados” brasileños “dependían de la producción local a pequeña escala o de las importaciones de Europa y Estados Unidos”, pasando entonces a tener acceso “a una fuente más económica de cannabis de alta calidad”. Según plantean, el “cannabis uruguayo comenzó a aparecer en el mercado brasileño a precios más altos que el cannabis de baja calidad (alrededor de cinco dólares por gramo), pero aún más barato que las importaciones de alta calidad de Estados Unidos o Europa, que suelen venderse a más de diez dólares por gramo”.
También reconocen que “dado que Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay forman parte de un mercado común, las actividades de contrabando son aún más frecuentes, ya que el control fronterizo es limitado y el flujo de mercancías ilegales a través de las fronteras del Cono Sur desempeña un papel importante en la configuración de la región”. Así las cosas, postulan que “el contrabando de cannabis desde Uruguay hacia países vecinos no es una anomalía económica, sino una consecuencia mecánica del aumento de la producción y la diferenciación de productos”. También destacan la gran parte de “frontera seca” que hay entre Brasil y Uruguay, “que hace que la conurbación entre ciudades brasileñas y uruguayas sea común y que los bloqueos fronterizos efectivos sean casi imposibles”.
¿Qué efecto derrame vieron entonces?
Al cruzar la información con datos de incautaciones de marihuana y cocaína, y de delitos en los diversos municipios del estado que linda con Uruguay, comparar la incidencia tanto en lugares cercanos a la frontera como los más apartados y hacer un montón de controles estadísticos, los autores brasileños presentan sus resultados.
“Nuestros principales resultados indican que la implementación de la legalización del cannabis recreativo en Uruguay condujo a un aumento de 17,88 casos de posesión de drogas por cada 100.000 habitantes en los municipios brasileños del estado de Rio Grande do Sul que están 1% más cerca de la frontera con Uruguay”, reportan. Según aclaran, eso implica un aumento del 36% de la tasa de posesión de drogas registrada. La diferencia entre el delito de posesión y tráfico es un poco ambigua en Brasil y depende de los encargados de los operativos o de la justicia determinar el límite entre una y otra.
“Junto con este aumento en la posesión, también observamos un incremento en el tráfico de drogas. Nuestros hallazgos muestran que la legalización en Uruguay condujo a un aumento en las incautaciones de las dos drogas más consumidas en Brasil: cannabis y cocaína”, afirman en su trabajo. En el caso de incautaciones, dicen que la ley de Uruguay “causa un incremento estadísticamente significativo de 9,36% de ocurrencia de delitos de tráfico de drogas por cada 100.000 habitantes en los municipios del estado de Rio Grande do Sul que están 1% más cerca de la frontera con Uruguay”.
Pero la cosa no termina allí. “Además, investigamos los efectos colaterales sobre mecanismos potenciales, como los delitos contra la propiedad y los delitos violentos”, sostienen. “Nuestros resultados indican que la legalización del cannabis recreativo en Uruguay afecta significativamente los homicidios, delitos contra la propiedad y delitos contra vehículos en municipios fronterizos de Brasil”, agregan. Pero atención: los investigadores sostienen que estos efectos “fueron mucho menores” que los observados respecto de las incautaciones y delitos de posesión. De hecho, al cuantificar este efecto señalan que en los municipios cercanos a la frontera encontraron aumentos de aproximadamente “7% en delitos contra la propiedad, 10% en delitos contra vehículos y 16% en homicidios”.
Por todo eso, dicen que su estudio “contribuye al creciente cuerpo de literatura que evalúa los impactos criminógenos más allá de fronteras de las leyes sobre el cannabis medicinal y recreativo”. También señalan que si bien la legalización en Uruguay es estricta, los resultados que obtuvieron “muestran que la legalización de drogas a nivel nacional puede ocasionar efectos de derrame, incrementando el tráfico de drogas en los países vecinos”.
Para terminar, afirman que “comprender las repercusiones de la legalización del cannabis es esencial para fundamentar las decisiones políticas en las regiones fronterizas, ya que estas consecuencias imprevistas podrían suponer una mayor carga para los servicios públicos”. A la hora de las recomendaciones, sugieren “realizar más investigaciones sobre cómo la legalización del cannabis en Uruguay podría haber afectado los resultados de salud relacionados con el consumo de drogas en los municipios fronterizos brasileños”. Sobre esto último, no explican de qué manera cambiar prensado paraguayo por cogollos frescos y de calidad podría afectar negativamente la salud de los consumidores de marihuana del sur de Brasil.
Mirando los efectos desde Uruguay
Cuando leímos este trabajo científico de los investigadores de Brasil, también se lo enviamos a Paul Ruiz, con quien ya hemos hablado en reiteradas ocasiones en esta sección sobre consumo de drogas y también sobre el malestar en los jóvenes. ¿Qué reflexiones le motivó este fenómeno de derrame reportado?
“En realidad el problema es que un país tiene un mercado regulado y el otro tiene un sistema prohibicionista. Si los dos tuvieran un mercado regulado el problema del que habla el trabajo no existiría: se movería marihuana para los dos lados como hoy se mueven tantas cosas, desde refrescos y alimentos a otros bienes”, es lo primero que destaca Paul.
“El tema es que si uno se pone Donald Trump y quiere hacer un muro entre Uruguay y Brasil, si pretendés evitar que la marihuana pase de un lado para el otro y querés que del lado brasileño reine el prohibicionismo, claramente Uruguay va a ser un problema, porque te va a hacer mover marihuana para el lado de allá. Y encima, se trata de marihuana de calidad, porque son todos cogollos, y no el prensado paraguayo que ellos dicen que domina en el mercado ilegal brasileño”, agrega.
Le pregunto a Paul si está cuantificado cuánta marihuana se está produciendo en Uruguay, pero no está entrando al sistema. Tras pensar unos instantes, responde: “A Uruguay no se le escapa nada de la marihuana que se planta para las farmacias por la sencilla razón de que produce poco. Uruguay es un país que está desabastecido, tiene un mercado regulado donde la gente quiere consumir y no tiene qué consumir. Vas a la farmacia y no hay marihuana. Y cada vez que sale una nueva variedad, en las farmacias ves colas de varias cuadras”. Es más, agrega que ese desabastecimiento no afecta sólo a los que buscan marihuana recreativa. “Lo padece también la industria, que quiere estudiar productos medicinales y tampoco tiene acceso. Es un desabastecimiento que va más allá del consumo”, afirma Paul.
Luego, hace una puntualización interesante. “En el trabajo no explican cuál es el origen de toda esa marihuana que ellos dicen que proviene de Uruguay. Es prácticamente imposible que se trate de marihuana que se produce mediante convenio con el Estado, porque está medida y no sobra nada. Capaz que están moviendo marihuana de clubes cannábicos, que como venimos estudiando, es donde se dan los mayores problemas. Y entre esos problemas está que sufren robos sistemáticamente”, conjetura.
Quienes cultivan en su casa también podrían hacer un aporte, dice. “Como la ley permite que los autocultivadores tengan hasta seis plantas en el hogar, puede haber un montón de casas del lado uruguayo que no tengan más de seis plantas cada una que, luego de cosechar, vuelquen la marihuana al lado brasileño”, apunta. Y entonces introduce un tema relevante.
“Si lo que reportan es correcto, seguramente haya clubes o gente que cultive en su casa que lo esté haciendo para luego vender en el lado brasileño. Si eso pasara para dentro del mercado uruguayo, hablaríamos del mercado gris”, sostiene Paul. Se refiere a marihuana producida legalmente pero que luego se vuelca al mercado de una forma que no es la prevista por la regulación.
“Esto sería un mercado gris, nada más que cruza la frontera. Pero como ellos tienen el prohibicionismo, se considera narcotráfico. Pero si esa misma marihuana que se produce en la ciudad limítrofe se consumiera en Uruguay, sería mercado gris. Y el mercado gris para Uruguay no es un problema”, enfatiza Paul. “De hecho, Daniel Radío siempre decía que el mercado gris soluciona algunos problemas, porque permite que el usuario consuma un producto de calidad a través de otra persona a la que le sobró parte de lo que cultivó, o que no consumió los 40 gramos mensuales que puede obtener en las farmacias. En ese sentido, el mercado gris, en términos de derechos, soluciona muchas cosas, porque garantiza que haya un consumo de calidad”, señala, y sustenta sus dichos en la caída de la venta en nuestro país del prensado paraguayo, que presentaba diversos inconvenientes.
“Creo que esa calle que muchas veces separa al lado brasileño del lado uruguayo, en realidad, está separando dos formas de hacer políticas de droga. Hacia la derecha de la calle está el prohibicionismo, con todo el lío que implica y que provoca esto de que la marihuana uruguaya es una complicación. Y hacia el lado izquierdo de la calle tenés un Estado que reguló el mercado y en donde la gente planta, hay clubes y el Estado asegura que esté a la venta. Y no sólo se abastece a la gente que está de ese lado de la calle, sino que hay gente del otro lado que puede acceder a marihuana de calidad que no sale del narcotráfico. ¿El problema es Uruguay con el mercado regulado? Claramente no. El problema es la gente que sigue insistiendo con el prohibicionismo. Por alguna razón ellos entienden que el prohibicionismo es mejor, pese a que la gente tiene menos derechos, consume droga de peor calidad, se criminalizan decisiones personales y se brinda un marco para que haya tráfico ilegal”, afirma Paul sin pelos en la lengua.
“Entonces, en vez de pensar que el problema es Uruguay, esto que muestran en el trabajo debería ser motivo para discutir un mercado regulado regional. Porque seguramente algo similar esté pasando con la frontera con Argentina. En lugar de plantear que Uruguay debería desarmar su mercado regulado porque complica a la frontera con Brasil, deberían pensar por qué es mejor que las personas sigan consumiendo prensado paraguayo del narcotráfico. Porque la gente se va a seguir drogando. Uno de los errores del prohibicionismo es pensar que la gente va a dejar de consumir cosas porque el Estado las prohíbe”, dice Paul.
“En lugar de quejarse de lo que entra desde nuestro país, deberían estar pensando en cómo regular su mercado para que la gente pueda consumir algo mejor. Si Brasil presiona a Uruguay para que dé marcha atrás con su mercado regulado y aquí volvemos al prohibicionismo, los narcotraficantes van a estar recontentos porque el prensado paraguayo volverá a ser hegemónico en la región”, asegura.
Recuerdo que cuando se reguló el mercado en Uruguay el tema no se encaró desde una perspectiva de derechos, sino como una política tendiente a mejorar la seguridad. En el anuncio estaba hasta el ministro de Defensa Nacional de entonces, Eleuterio Fernández Huidobro. De cierta manera, que reporten que en las ciudades cercanas a la frontera aumentó el delito, si allí la legalizaran le darían la razón a Eleuterio y compañía. De cierta manera, si dieran nuestro paso, los consumidores van a acceder a productos de mejor calidad, se va a evitar que parte de la gente interactúe con el narcotráfico y encima se van a reducir estos delitos que están viendo que aumentaron. Ellos mismos están dando evidencias de que esta rigidez y el prohibicionismo traen problemas.
“Sí. Si tanto les molesta la seguridad, que prueben ir hacia un mercado regulado. Lo que ven es, para mí, un punto a favor del mercado regulado. Si ellos hacen lo mismo, se acaba el problema. Pero si nosotros hacemos lo mismo que ellos, el problema se agrava. Ahí aparecen las ideologías políticas y las intenciones que cada uno tiene. Pero en términos académicos –la parte que más me interesa, más allá de las ideologías–, es evidente que este trabajo también es un punto a favor del mercado regulado”, redondea Paul. Brigado, irmãos.
Artículo: The Cross-Border Spillover Efects of Cannabis Regulation in South America
Publicación: Journal of Quantitative Criminology (marzo de 2025)
Autores: Bruno de Assis, Giovanni di Pietra, Bruno Pantaleão y Rafael Parftt.
La paraguayización de la frontera con Uruguay
En un pasaje de su artículo el equipo de investigación brasileño dice que “con más organizaciones de drogas relacionadas con el cannabis dirigiendo su atención a Uruguay, esperamos un cambio significativo en el flujo de drogas hacia la parte sur del estado de Rio Grande do Sul, un fenómeno al que la inteligencia brasileña se refiere como la paraguayización de la frontera uruguaya”. De hecho, citan el trabajo Os territórios-redes do tráfico de drogas no Rio Grande do Sul: Os coletivos criminais da Região Metropolitana de Porto Alegre e sua expansão para as cidades-gêmeas entre BR-UY, de Antonio Lourence, Kila de Queiroz, Tiaraju Salini Duarte, William Martins Lourenço y Guilherme Augusto Cabreira, publicado en 2021 y en el que se reporta esta “paraguayización”.
En el trabajo de Antonio Lourence y colegas se dice que “según datos de la Policía Federal de Caminos (2019), en la zona norte del estado hay un mayor número de decomisos que en la región sur, debido principalmente a que este tramo representa la zona por donde ingresa la droga. Sin embargo, el escenario ha ido cambiando gracias al creciente interés en Uruguay por proveedores brasileños de marihuana”.
“La idea de un proceso de paraguayización de la frontera Brasil-Uruguay, es decir, un aumento bruto de la economía ilegal y de los índices de delitos como los homicidios, demuestra la participación de actores externos que buscan controlar puntos nodales de circulación de drogas a través del establecimiento de territorios en red en algunas ciudades gemelas, destacándose Chuí-Chuy, Sant’Ana do Livramento-Rivera y Jaguarão-Río Branco”, agregan.
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