El debate parlamentario en torno al proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida ha colocado sobre la mesa una serie de artículos que proponen modificaciones estructurales a la Ley Nº 16.065, ley de creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).
Mientras que desde la Junta Directiva y las gerencias del instituto se defiende el articulado bajo la premisa de una necesaria “modernización” y captura de inversión privada, desde la Asociación de Profesionales Universitarios del INIA (APUINIA) se observa con profunda preocupación modificaciones que alteran la relación con el Estado, amenazan la independencia técnica y habilitan un terreno difuso entre el interés público y el lucro privado, desviando fondos públicos destinados a investigación hacia fines ajenos a la misión de INIA.
¿En qué lugar queda la credibilidad del instituto y la de sus investigadores e investigadoras?
La reforma habilita al INIA a crear, adquirir o integrar sociedades comerciales con el fin de volcar tecnologías al mercado a través de spin-offs o empresas derivadas. Resulta difícil concebir que el INIA cumpla con su rol de aportar al conjunto de la sociedad si los fondos públicos destinados a la investigación se desvían hacia emprendimientos privados de intereses meramente oportunistas.
¿Qué pasa con INIA y el destino de sus esfuerzos si queda supeditada a la lógica del mercado? Una de las principales fortalezas del INIA es la capacidad de generar conocimiento y tecnología en espacios en los que lo privado no llega, logrando distribuir los recursos hacia todos los rubros del agro. En un escenario en el que la rentabilidad es el criterio determinante en la toma de decisiones, ¿quién va a investigar para la granja y para la producción familiar? ¿Quién va a sostener líneas de investigación que contribuyan a la soberanía alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad de los sistemas productivos del país? ¿Quién garantiza las investigaciones de largo plazo? Es difícil imaginarse, con este articulado, que no ofrece claridad ni garantías, la continuidad de las líneas de investigación cuyos resultados no necesariamente se traducen en oportunidades de negocio, pero que son claves y estratégicas para Uruguay.
Por otro lado, la exoneración impositiva propuesta configura una forma de “privatización subsidiada”. Al amparar bajo beneficios fiscales estatales a unidades que operarán bajo la lógica del derecho privado, no sólo se genera una competencia desleal con el resto de las empresas nacionales, sino que se debilita el rol del INIA como un generador de bienes públicos orientados al desarrollo soberano del agro.
Este cambio en la ley permite que los funcionarios participen, de forma privada y hasta por tres años, en las entidades comerciales derivadas que exploten las innovaciones generadas dentro del propio instituto. Actualmente, INIA goza de la confianza del sector. Esta confianza está construida sobre el trabajo de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del instituto. Si bien el articulado plantea que el funcionario no percibirá remuneración directa y requiere el aval de la Junta Directiva, la medida rompe con las garantías éticas fundamentales. Permitir que un investigador mantenga su salario público mientras participa en la creación y despegue de una empresa privada derivada de sus propios estudios genera un terreno fértil para el conflicto de intereses. La fiscalización de estas dinámicas se vuelve impracticable.
¿Qué sucede con la ética y la gobernanza institucional?
El INIA ha cimentado históricamente su prestigio en un modelo de cogestión con los productores y en una celosa defensa de su independencia técnica. Sin embargo, la redacción propuesta somete de manera directa decisiones clave de la institución a los nuevos lineamientos del Poder Ejecutivo de turno.
Esta mayor injerencia política sobre el destino de los recursos y la orientación de la investigación desdibuja el equilibrio histórico de la gobernanza del instituto, que no puede quedar supeditada a la buena voluntad de quienes ocupen los cargos del Poder Ejecutivo.
Además, los procesos de investigación no responden a los tiempos de los gobiernos sino a los tiempos biológicos y sociales. Someter la ciencia nacional a las urgencias fiscales o las prioridades coyunturales compromete seriamente los procesos de investigación a largo plazo y la capacidad de hacer frente a desafíos críticos como el cambio climático o la seguridad alimentaria.
¿Qué ciencia pensamos para el agro uruguayo?
La defensa de la investigación pública es la defensa de la soberanía del conocimiento. Quienes nos oponemos a los artículos propuestos en la ley no estamos en contra de los cambios de INIA. De hecho, desde su creación INIA ha cambiado mucho. Quienes defendemos la investigación pública tampoco nos oponemos a que el conocimiento dinamice la economía. Pero sí defendemos que el conocimiento generado con recursos de la sociedad y el esfuerzo de los productores debe seguir siendo patrimonio nacional. Forzar al INIA a convertirse en una incubadora corporativa de derecho privado no es modernización; es mercantilizar el saber técnico y debilitar las bases éticas de la investigación agropecuaria nacional.
En definitiva, lo que está en discusión mucho más que un conjunto de modificaciones legales: es el modelo de ciencia agropecuaria que queremos para nuestro país. Una transformación institucional de esta magnitud merece una discusión plural, transparente y profunda. No debería quedar diluida en una ley ómnibus, cuyo principal objetivo es la competitividad y la reducción del costo de vida.
¿Cuál es la urgencia de aprobar estos artículos? ¿Cuál es el miedo a discutir el modelo de ciencia agropecuaria que necesitamos? Necesitamos comprometernos en la defensa de la ciencia y la soberanía de nuestro país. La investigación agropecuaria es una inversión estratégica que debe seguir estando al servicio de toda la sociedad. La agenda personal y los sueños de unos pocos no pueden, de ninguna manera, comprometer el futuro de la ciencia agropecuaria nacional.
Facundo Ibáñez, Mariana Arias, Silvia Garaycochea, Ana Arruabarrena, Matías González, Ana Laura Pereira, Ignacio Macedo, Gabriela Piñeyro, Guillermo de Souza, Agustín Núñez, Valentina Rubio, Alejandro Horack y Gabriela Molina son miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales Universitarios del INIA (APUINIA). “Ciencia en primera persona” es un espacio abierto para que científicos y científicas reflexionen sobre el mundo y sus particularidades. Los esperamos en ciencia@ladiaria.com.uy.
