A fines de abril la Junta Departamental de Colonia aprobará el proyecto de contrato-plan entre la comuna de ese departamento y los encargados del proyecto urbanístico +Colonia, que se desarrollaría en la zona de El Calabrés, en el ingreso a Colonia del Sacramento, por la ruta 1.
La semana pasada el ejecutivo encabezado por el nacionalista Carlos Moreira envió ese proyecto a la junta coloniense, en la que ya tiene asegurados los votos favorables de las bancadas de los partidos Nacional y Colorado, mientras que el Frente Amplio podría votar dividido en esta oportunidad, según un sondeo realizado por la diaria entre los ediles.
En el mensaje del ejecutivo que acompaña ese acuerdo se señala que el contrato-plan procura “contribuir” a que la Intendencia de Colonia “pueda aprovechar las oportunidades del contexto actual, generando consensos con la sociedad y trabajando de manera colaborativa entre sector público y privado”, para “mejorar la matriz productiva y lograr un modelo de desarrollo diversificado económicamente y planificado urbanísticamente”.
Para las actuales autoridades colonienses, la ejecución del proyecto +Colonia representará “un incremento considerable de la recaudación impositiva” del departamento, “no sólo por el aumento de la población residente, sino por la fraccionabilidad del suelo, además de ingresos generados por tasas de mayor edificabilidad permitida en el suelo e instalación de nuevas industrias y comercios”.
En diálogo con la diaria, el director de Ordenamiento Territorial, Martín Avellino, dijo que el contrato-plan con +Colonia es resultado de un proceso de negociación con los desarrolladores inmobiliarios “donde la intendencia sale muy bien parada”.
Una vez aprobado este contrato-plan, +Colonia deberá aguardar las autorizaciones del Ministerio de Ambiente -que ya estarían encaminadas, según informaron los empresarios hace tres semanas en la junta coloniense- para poner en marcha el proyecto.
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Detalles del acuerdo
Entre las contraprestaciones que la empresa garantiza a la Intendencia de Colonia aparece la cesión de un parque público que se creará en el entorno del arroyo La Caballada, donde se encuentran los restos arqueológicos de un molino portugués del siglo XVII, que “por su gran valor patrimonial y cultural para la región serán conservados y su entorno acondicionado como un punto de atracción turístico cultural”.
El acuerdo garantiza que los espacios abiertos de la faja costera pasarán igualmente a integrar el dominio público y serán de acceso libre e irrestricto. “Con ese fin se concretará la efectiva cesión de faja de 150 metros a partir de la línea superior de la ribera en beneficio de uso público, en todo el arco de costa contiguo al Río de la Plata, totalizando una superficie de 37,74 hectáreas”, señala el documento. Lo mismo ocurrirá con los corredores verdes y el sistema de vías principales que formarán parte de la urbanización, los cuales la intendencia podrá ceder en comodato al emprendimiento, aunque eso no implique la pérdida de un acceso irrestricto a ellos.
Las directrices de ordenamiento territorial del departamento de Colonia establecen que la ejecución de nuevos proyectos o emprendimientos en suelo categorizado primariamente como suburbano deben abonar una contraprestación a la administración municipal. Ese monto se calcula a través de una ecuación en la que intervienen la cantidad de hectáreas, los valores iniciales del suelo (en este caso antes del cambio de categoría que requirió +Colonia), el valor final del suelo fraccionable y los costos de urbanización. Ese cálculo arroja que el proyecto debe abonar, en diversas partidas, algo más de dos millones de dólares a la Intendencia de Colonia.
Ese dinero será vertido a un Fondo de Gestión Territorial, que entre otras cosas prevé la compra de cartera de tierras para la realización de realojos de viviendas que se encuentran en zonas inundables, explicó Avelino.
Además, la intendencia reclamará el pago por concepto de mayor aprovechamiento a los permisos de construcción cuya altura supere los 15 metros. Asimismo, como garantía de ejecución del proyecto los desarrolladores hipotecarán a favor de la intendencia un padrón urbano de su propiedad.
“Se hizo un muy buen trabajo en la elaboración de este acuerdo, que da certezas de que el proyecto se va a desarrollar, porque la empresa tiene que pagar muchas cosas. Este acuerdo establece un criterio justo y pautas claras que dan garantías al gobierno departamental”, concluyó Avelino.