Sandra Fleitas, fiscal a cargo de la Fiscalía de Rosario, fue investigada por varias irregularidades, entre ellas por “falta de transparencia”, en un largo proceso que comenzó en 2018 y tuvo varias idas y vueltas. Inicialmente, el fallo fue a favor de la Fiscalía, que resolvió la sanción a Fleitas con varios meses de suspensión y retención de medios sueldos. Luego, tuvo un revés en el que se condenó a la Fiscalía por las sanciones que le había impuesto a la fiscal, fallo que fue apelado.
Finalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó la pretensión anulatoria de Fleitas y confirmó la resolución impuesta el 20 de mayo de 2019, aplicándole la sanción propuesta desde un principio de suspensión, que es por cuatro meses y 20 días, a lo que se suma la retención de la mitad de su sueldo en ese lapso, según informó el periodista Diego Martini a través de su cuenta de Twitter y confirmó la diaria.
Las irregularidades investigadas tuvieron lugar entre 2013 y 2015, cuando Fleitas se desempeñaba en la sede penal de Treinta y Tres, y tuvieron perjuicios para terceros.
El TCA coincidió con la investigación administrativa de la Fiscalía en cuanto a que la conducta de Fleitas “enrarece la transparencia con la que debió actuar” y “empañó su función y la reputación de la Fiscalía”, pero advirtieron que se la estaba sancionando como reincidente por irregularidades cometidas cuando no tenía ninguna sanción anterior, por lo que pidió a la Fiscalía “recomponer el procedimiento a los efectos de aplicar los correctivos disciplinarios de rigor”.
Ante eso, Fleitas presentó una demanda civil reclamando un millón y medio de pesos por lucro cesante, y 46.000 dólares por daños y perjuicios.
En efecto, el año pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo de primer turno, Gabriel Ohanián, condenó a la Fiscalía a pagar el millón y medio de pesos a la fiscal de Rosario, tras considerar que fue injustamente sancionada por la Fiscalía.
La decisión de Ohanián se basó en que las sanciones contra Fleitas impuestas por la Fiscalía en aquel momento fueron anuladas por el TCA y advirtió que no corresponde a un Estado de Derecho ignorar esa anulación.
Ante esta situación, la Fiscalía apeló el fallo de primera instancia y confirmó, con fecha 6 de junio de 2023, la desestimación de “la pretensión anulatoria” por parte de Fleitas, a la vez de confirmar “el acto administrativo impugnado, sin especial condena procesal”.
Las razones de la sanción
La Fiscalía atribuyó varias irregularidades a Fleitas en procedimientos judiciales cuando estaba al frente de la Fiscalía de Treinta y Tres de segundo turno. Una de ellas fue la de archivar un caso en el que, según la investigación administrativa, había indicios para continuar la investigación. Se trata de una mujer que denunció haber sido estafada por 10.000 dólares y no se procedió a indagar al denunciado, incluso teniendo como evidencia que había recibido un depósito por ese monto. Además, se sumó como irregularidad que Fleitas conocía al denunciado por ser pareja de una funcionaria judicial.
“Las omisiones en que incurrió la accionante en su proceder, sumadas al contexto de conocimiento que esta tenía del denunciado, la colocan en una situación de obrar negligente, poniendo en duda la transparencia de su participación en la causa”, señalaba la sentencia del TCA.
Otro de los casos por los que fue sancionada está relacionado con el pedido de un procesamiento con prisión, en noviembre de 2014, a una persona por amenazas, un delito que tiene como pena una sanción económica.
El tercer caso que provocó la sanción de la Fiscalía fue una condena por desacato contra un empresario que la había denunciado por retener una importación de coco, haciéndole perder la mercadería, en una causa que luego fue archivada. En ese caso, una funcionaria de la Fiscalía declaró haber sido testigo de una conversación en la que Fleitas hacía comentarios jocosos sobre la situación del empresario.