El miércoles 21 la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) realizó un paro de dos horas sin guardia gremial en las dependencias de todo el país. Ese día se cumplieron nueve meses del suicidio de un trabajador que desempeñaba tareas en la Dirección Nacional de Servicios Administrativos (DGSA) en Montevideo que era víctima de acoso laboral. Los trabajadores judiciales de Rosario se sumaron a esa medida de fuerza y realizaron una movilización frente a la sede del Juzgado Letrado de esa localidad, donde, en febrero, prestó funciones una de las personas denunciadas tras haber sido trasladada hacia esa sede judicial.
El secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, contó a la diaria que el 21 de noviembre de 2023 el trabajador decidió quitarse la vida y, “como consecuencia de ese hecho, ese mismo día, algunos de sus compañeros estuvieron dialogando sobre algunas situaciones que esa persona había atravesado en su oficina. Posterior a eso se recibieron unas 32 denuncias por parte de funcionarios, “de situaciones que vivió este empleado con una funcionaria que era su jefa directa, más las que atravesaron otros trabajadores”.
Por intermedio de las denuncias presentadas, la AFJU tuvo mayor conocimiento de que ese trato era con todos los que desempeñaban tareas en la DGSA. “En las denuncias se deja constancia de que el tema fue denunciado por el director general, el doctor Marcelo Pesce, quien mantenía la posición de respaldar a esta jefa”, agregó el secretario general de AFJU.
El 27 de noviembre del año pasado AFJU anunció que presentaría una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por “violencia y acoso laboral” contra la directora del departamento de servicios administrativos del Poder Judicial y el escribano adjunto al director de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, además de solicitar su renuncia.
Después de que AFJU hizo la denuncia, la SCJ, “luego de mucha presión, resuelve una investigación administrativa y, en el ínterin, la presidenta de la SCJ, la ministra Dorys Morales, le quitó el respaldo por todas estas situaciones a Marcelo Pesce, por este y otros temas, y allí fue cuando él presenta su renuncia en diciembre de 2023”, indicó Elizalde.
Agregó que se ordenó una investigación administrativa, previo a la asunción de Morales, a partir de la cual se determinó la apertura de un sumario administrativo a la directora del departamento de Servicios Administrativos del Poder Judicial, así como a un actuario adjunto, quien finalmente fue trasladado a Rosario.
Elizalde sostuvo que el sumario aplicado es por seis meses y comenzó en la primera semana de marzo. La medida tuvo la separación del cargo de la funcionaria, con derecho a cobrar la mitad del salario. “En la primera semana de setiembre se cumplen los seis meses y la Suprema Corte no tomó una resolución. Si se vence el plazo y no hay una resolución, la directora debe retomar su cargo. No hay resolución concreta desde que el compañero se suicidó”, dijo el dirigente.
En la misma situación se encuentra el acturio que fue trasladado a Rosario, según explicaron los trabajadores de esa sede judicial que se movilizaron este miércoles. Ana Claudia Carballo y Florencia Silva, vocera de los trabajadores judiciales de Rosario, dijeron que “existe incertidumbre” acerca de lo que acontecerá en ese lugar de trabajo en caso de que retorne el actuario denunciado por acoso.
En diálogo con Radio del Oeste, las funcionarias dijeron que si bien en febrero la persona denunciada “no generó problemas”, “nosotras contamos con el apoyo de las otras actuarias que posibilitaron que no exista un trato directo con esa persona”.
“Nosotros aguardamos una respuesta de la SCJ, no queremos más situaciones de acoso y la presencia de esta persona denunciada en el ámbito laboral podría agravar la situación”, sostuvieron.