La edila del Partido Nacional (PN) Agustina Durquet defendió la iniciativa que promueve modificar la normativa departamental sobre forestación en Colonia y sostuvo que el objetivo es armonizar las disposiciones vigentes con los criterios establecidos por el Poder Ejecutivo, no habilitar una expansión de la superficie destinada a esa actividad.
En diálogo con la diaria, Durquet argumentó que la iniciativa fue elaborada en el ámbito de la Comisión de Legislación y Régimen de la Junta de Colonia y que responde a la existencia de disposiciones que, a su entender, generan contradicciones entre la regulación nacional y la departamental. “La única intención es no generar en el ciudadano, a quien nosotros dictamos las regulaciones, dos normas contradictorias”, afirmó.
Uno de los principales argumentos de la edila refiere a la utilización del índice Coneat como criterio para determinar la aptitud de los suelos. Durquet planteó que ese indicador fue creado en la década de 1960 con una finalidad fundamentalmente tributaria y no constituye actualmente una herramienta suficientemente precisa para evaluar las características productivas de la tierra.
En contraposición, Durquet destacó la aplicación del criterio USDA, que supone un análisis específico de los suelos mediante la extracción de muestras. A su juicio, ese procedimiento permite determinar con mayor precisión la aptitud de cada terreno y evitar que tierras productivas queden habilitadas para la forestación por una clasificación que considera desactualizada.
“Hoy hay índice Coneat 88, de acuerdo a las cartografías, que están habilitados para forestación y, cuando van a analizar la tierra y sacan la muestra, es sumamente productiva”, señaló, a modo de ejemplo. En ese sentido, sostuvo que la aplicación del nuevo criterio permitiría proteger esos terrenos: “Con la aplicación del índice USDA, van y te toman una muestra de la tierra, no hay chance” de que se habilite su forestación si presentan condiciones productivas que lo impiden.
Durquet también cuestionó que la modificación pueda interpretarse como una vía para aumentar la superficie forestada en el departamento. Recordó que, en 2013, cuando se discutió la regulación departamental y se establecieron restricciones que incluyen un límite del 8%, existían preocupaciones vinculadas a la instalación de Montes del Plata y a la posibilidad de que la forestación se extendiera de manera significativa.
Sin embargo, consideró que 13 años después ese escenario no se concretó. Según afirmó, los datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca muestran que la superficie forestada representa aproximadamente el 2% del territorio departamental y que no ha registrado un crecimiento significativo desde entonces. “El límite del 8% es una decisión política”, expresó, y consideró que las circunstancias que justificaron aquella restricción deben revisarse a la luz de la evolución de la actividad y de los instrumentos técnicos disponibles.
La edila también sostuvo que la modificación no eliminaría los controles que debe cumplir cualquier emprendimiento forestal. Por el contrario, afirmó que los proyectos continuarían sujetos a los procedimientos de evaluación y autorización correspondientes ante los organismos nacionales y departamentales.
Para Durquet, además, todas las actividades productivas deben ser consideradas en igualdad de condiciones. “Todas las producciones hay que proteger. Una no tiene más relevancia que la otra”, manifestó. En esa línea, consideró que el nuevo criterio permitiría compatibilizar la actividad forestal con la protección de los suelos de mayor aptitud para la ganadería, la agricultura y la lechería.
Controversia por firma de edil del FA
Por otra parte, Durquet afirmó que el edil Martín Collazo (Frente Amplio, FA) también había acompañado la iniciativa y que incluso había sido uno de sus autores, “algo que se refleja en su firma en el proyecto”. Sin embargo, en diálogo con la diaria, el edil frenteamplista aclaró que su participación en la Comisión de Legislación no implica que esté de acuerdo con el proyecto.
Collazo explicó que la comisión está integrada por siete miembros, cinco del PN y dos del FA, y que durante el tratamiento de esta iniciativa contaba con cinco representantes nacionalistas y un solo frenteamplista. En ese ámbito, la comisión promovió la propuesta para que comenzara su proceso de discusión en la Junta Departamental.
“Promover un tema desde una comisión para que tenga su proceso de discusión no significa estar de acuerdo”, señaló. El edil afirmó que, en el actual estado de la discusión, no acompaña la iniciativa y que no la votará en sala.
El frenteamplista sostuvo que el análisis jurídico sobre la eventual contradicción entre las normas nacionales y departamentales no puede agotar la discusión, porque una modificación de estas características también tiene consecuencias sobre el desarrollo productivo y territorial del departamento. “Nosotros somos representantes políticos que actuamos en una comisión puntual dentro de la Junta Departamental, pero después, a la hora de apoyar o no una iniciativa o de dar o no nuestro voto, representamos políticamente a la gente que nos puso en ese lugar de decisión”, expresó.
En ese sentido, insistió en la necesidad de consultar a las gremiales de la ganadería, la agricultura y la lechería, así como al propio sector forestal, antes de adoptar una decisión. Collazo consideró que una modificación normativa puede incidir durante las próximas décadas en el perfil productivo de Colonia y que, por ese motivo, no debería resolverse sin escuchar a los actores involucrados.
“Creer que, entre cuatro paredes, en una comisión o en una Junta Departamental, se puede resolver 20, 30, 40 o 50 años de desarrollo productivo del departamento sin salir a hablar con los actores territoriales es una desinteligencia”, afirmó.
