El edil frenteamplista Carlos Fernández manifestó este miércoles en la Junta Departamental de Colonia preocupación por el avance de fraccionamientos rurales en zonas costeras del departamento, una situación que, según sostuvo, pone en riesgo el acceso público a la costa y evidencia falta de controles por parte de la Intendencia de Colonia.
Durante la sesión, Fernández presentó fotografías, videos e informes elaborados a partir de denuncias y aportes de vecinos, además de información recabada en organismos públicos. El planteo retomó advertencias que ya habían sido expuestas semanas atrás sobre emprendimientos desarrollados en la zona de Artilleros y otros puntos del departamento, donde se habrían generado subdivisiones rurales sin garantizar adecuadamente servidumbres de paso y espacios de uso público vinculados a la costa.
“Estamos muy preocupados por este tema. Seguimos golpeando puertas y logramos instalarlo en la Junta Departamental con una base jurídica importante”, expresó el edil a la diaria. Fernández indicó que su planteo se apoya en disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y en el artículo 503 de la ley 19.355, que establece criterios sobre cesiones y accesos en procesos de fraccionamiento.
Fernández sostuvo que la Intendencia de Colonia tiene competencias para intervenir, aun cuando los fraccionamientos se tramiten ante organismos nacionales. “Por más que se hagan los fraccionamientos en Catastro y en el Ministerio de Ganadería a nivel nacional, no le quita potestades a la Intendencia. Al contrario, tiene que reclamar y decir: este es mi territorio”, afirmó.
El edil señaló que el problema excede una discusión partidaria y que involucra el derecho colectivo al acceso a la costa. “No puede ser que un privado diga quién puede o quién no puede vivir en un enclave. Pero tampoco puede ser que diga: esto es mío y acá no puede cruzar nadie”, expresó. En ese sentido, remarcó que los propietarios pueden desarrollar emprendimientos privados, pero respetando las obligaciones legales de cesión de espacios para dominio público.
Tras el desarrollo de esa sesión, el Frente Amplio de Colonia emitió un comunicado en el que advirtió sobre un proceso de “privatización de la costa” y reclamó medidas cautelares para frenar innovaciones en determinados territorios mientras se revisan los procedimientos realizados. El pronunciamiento hizo especial referencia a la situación en Artilleros y cuestionó la ausencia de acciones preventivas por parte del gobierno departamental.
Fernández lamentó que la bancada del Partido Nacional no acompañara la creación de una comisión especial para profundizar la investigación sobre estos casos y elaborar un informe específico. Según sostuvo, la situación requiere acciones urgentes del ejecutivo departamental y también de organismos nacionales como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Dirección Nacional de Catastro.
“¿Qué pasa si mañana se venden esas chacras y los vecinos ni siquiera tienen senda de paso para llegar? ¿Cómo se resuelve después?”, cuestionó.
También criticó que no se hayan aplicado medidas cautelares en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Tarariras. Afirmó que esas herramientas permitirían impedir modificaciones mientras se estudia la situación y recordó antecedentes en los que, según dijo, la propia Intendencia incumplió disposiciones vinculadas a restricciones territoriales. “La ley está. Faltan controles y tenemos que agudizar esto”, concluyó.