Eduardo Brenta (archivo, febrero de 2026)

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Comisión de Ambiente del Senado recibió a pescadores que fueron desalojados de predio ubicado en la costa de Punta Artilleros

Eduardo Brenta opinió que si ese fraccionamientos costero transforma los primeros 150 metros de la ribera –que son dominio público– en una zona privada, “generará un antecedente muy negativo” que “no corresponde que suceda”.

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Este martes, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores recibió a un grupo de integrantes de una comunidad de pescadores asentados en las costas del Río de la Plata, más precisamente en la playa denominada Lo de Carretilla, ubicada entre la desembocadura del Arroyo Sauce y Punta Artilleros, en el departamento de Colonia.

Hace más de 50 años, Carretilla Locher, vecino de Juan Lacaze y trabajador industrial en aquel momento, decidió abandonar su trabajo y dedicarse a la pesca artesanal, algo que pudo lograr montando un pequeño rancho en un predio de la arenera Indaré con la anuencia de la familia Ferro, titular de esa empresa.

Pasado el tiempo, familiares y amigos de Carretilla también se instalaron en ese lugar, conformando una especie de comunidad de pescadores con fincas ubicadas a pocos metros de las costas del Río de la Plata.

El destino de ese núcleo humano transcurrió sin mayores sobresaltos hasta 2022, año en el que uno de los herederos de la antigua arenera inició los trámites de desalojo de los ocupantes de esas fincas ubicadas a pocos metros de la costa platense, dado que estas estaban sobre una de las chacras en las cuales fue fraccionada esa superficie.

El trámite inicial de desalojo se dio en el juzgado de Paz de Juan Lacaze, donde el razonamiento realizado por el juez actuante, que se vio reflejado en el fallo, acompañó la teoría del demandante y sostuvo que los pescadores eran habitantes “precarios” de ese lugar, a pesar de que habían transcurrido varias décadas de la instalación de esa comunidad de pescadores, por lo cual no tenían derecho a las fincas que habían instalado en ese predio. Posteriormente, en segunda instancia, el juzgado de Rosario dejó firme el fallo que determinó el desalojo de los pescadores de ese lugar.

“Recibimos el planteo con preocupación”

Este martes, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores recibió a una delegación de vecinos que habitan ese lugar. El edil del Frente Amplio (FA), Carlos Fernández, acompañó a los pescadores.

En diálogo con la diaria, el senador frenteamplista Eduardo Brenta, miembro de esa comisión, expresó que “recibimos el planteo con preocupación”, porque “es una situación complicada, porque también hay un anuncio de desalojo”.

Para el senador del FA, la presencia de esos pescadores en el ámbito parlamentario “es importante”, dado que “los vecinos están asentados en ese lugar desde hace muchos años, y la verdad que lo que plantean es una situación bastante preocupante”.

“Según la información que nos brindaron, los fraccionamientos que se han producido en ese lugar no han respetado los 150 metros de la franja costera”, señaló Brenta. En ese marco, “nos pusieron al tanto de las gestiones realizadas y analizando todo el planteo descripto por ellos, la comisión entendió que, más allá de haber aspectos vinculados a temas ambientales, hay temas que trascienden a otras comisiones”, añadió.

En ese sentido, enumeró que en este caso “hay temas de ordenamiento territorial y también de contenidos jurídicos”, por lo cual “acordamos entre todos los partidos que participamos en la comisión, darle trámite al planteo y hacerle llegar a las comisiones pertinentes”.

La comisión resolvió enviar la versión taquigráfica de la reunión a las comisiones de Constitución y Legislación, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, así como a los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Ganadería, Agricultura y Pesca.

“Entendemos que, básicamente, hay un tema que es de ordenamiento territorial”, consideró Brenta, dado que el fraccionamiento desarrollado “transforman los 150 metros de dominio publico en una zona privada, por lo que puede generar un antecedente muy negativo y a priori no corresponde que suceda”.

Para Brenta, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, en la órbita del Ministerio de Vivienda “juega un papel relevante”. “Hay claramente una competencia nacional que deberá actual sobre este tema”, indicó.

“Aquí el centro de la cuestión es reivindicar el derecho y usufructo de cualquier ciudadano de la franja costera”, apuntó el senador frenteamplista.

“Desde nuestra posición debemos ahondar por esta situación”. Con relación al dictamen judicial de desalojo, Brenta manifestó que “a nosotros ese aspecto no nos corresponde opinar, y la delegación de pescadores tienen las cosas claras porque la presentación del tema no pasó por esa área que deberá dirimirlo la Justicia”.

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