Amnistía Internacional publicó este jueves un informe con diez recomendaciones de derechos humanos para que los países de América Latina incorporen a sus respectivos programas de vacunación contra la covid-19, con el objetivo de superar la pandemia.
En el documento, Amnistía marca una clara posición en favor de que se liberen las patentes de las vacunas contra el coronavirus, algo que ha estado en debate desde el inicio de las investigaciones pero que comenzó a discutirse en altas esferas internacionales hasta llegar a los gobiernos en el último tiempo, ante las dificultades de varios países para poder acceder a la cantidad necesaria de vacunas para inmunizar a su población.
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La lista de “imperativos de derechos humanos”, como los llama Amnistía Internacional, está dirigida tanto a los gobernantes como a las empresas que tienen actividades en América Latina y el Caribe.
Derechos Humanos contra propiedad intelectual
Amnistía Internacional recomienda a los países de América Latina y a las empresas proveedoras que hagan públicos los “contratos y acuerdos firmados con empresas farmacéuticas, incluidos los detalles relativos al precio por dosis, las licencias y la duración de los contratos”.
Asimismo, plantea que se convoquen auditorías independientes para garantizar el cumplimiento de esos contratos y que se pongan condiciones a la financiación pública para que las empresas compartan sus datos y tecnología con otros fabricantes.
Por otro lado, sugiere a los gobiernos y empresas que apoyen el Acceso Mancomunado a Tecnología contra el covid-19 (C-TAP), una plataforma de intercambio de información presentada en mayo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el gobierno de Costa Rica, cuyo objetivo es recopilar datos, conocimientos, material biológico y derechos de propiedad intelectual para luego transferir licencias de producción y tecnología.
Señala también que se debe garantizar que hacer valer el derecho a la salud no entre en contradicción con la normativa sobre derecho de propiedad vigente en cada nación. En este sentido, llama a establecer exenciones en el acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) para la elaboración de productos sanitarios contra la covid-19.
Planes accesibles
El segundo punto de Amnistía manifiesta que se debe garantizar la accesibilidad a las vacunas, así como la elaboración y difusión de programas de vacunación que sean “justos, inclusivos y no discriminatorios”.
Grupos en situación de riesgo
Los planes de vacunación necesitan contar con análisis de impacto del coronavirus en grupos específicos, que incluyan etnia, raza, género, edad y orientación sexual, señala Amnistía Internacional.
Por este motivo, plantean que haya protocolos especiales para vacunar a la población indígena, a las personas privadas de libertad y a los guardiacárceles.
Jornada de vacunación contra el Covid en la Unidad N° 4, Santiago Vázquez, el 19 de marzo. Foto: Daniel Rodriguez, adhocFOTOS
Información exacta
La organización internacional sostiene que hay que proporcionar información sobre las vacunas “basada en datos claros y científicos, evitando la difusión de información errónea y no probada”. Recomienda también informar en tiempo real sobre la vacunación y aumentar los recursos de las áreas encargadas de la transparencia.
Coordinación gubernamental
El quinto punto del documento sostiene que se debe “garantizar la coordinación eficiente entre todos los niveles de gobierno –municipal, estatal y federal– para velar por que los funcionarios públicos estén debidamente informados y capacitados para llevar a cabo el plan nacional de vacunación”.
Personal sanitario
La organización recomienda que se lleve un registro del personal de la salud afectado por la covid-19, vacunarlos a todos e incluir al personal de limpieza y otras áreas esenciales del trabajo sanitario.
Asimismo, plantea que se debe garantizar que haya suficiente personal en todas las áreas, que tenga un salario justo y condiciones laborales aceptables, investigar los ataques que pueda sufrir el personal e invertir para fortalecer los sistemas de salud.
Vacunas para migrantes
Un punto importante del documento es el que señala que se debe garantizar la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes. La organización pide que se tomen “medidas urgentes” en este aspecto y no demorar el trámite de vacunación porque un migrante no cuente con un documento de identidad del país al que se trasladó.
Vacunas gratuitas
Según Amnistía Internacional, se debe garantizar que el costo de las vacunas no sea un obstáculo para inmunizar a una persona, por lo que deben ser gratuitas y no debe escatimarse en recursos para ello.
Vacunación contra el Covid en un residencial de ancianos, el 23 de marzo, en Montevideo.
Foto: Federico Gutiérrez
Corrupción y sector privado
Los últimos dos puntos del documento plantean que se debe prohibir las compras directas de vacunas por parte de privados y contemplar sanciones a quienes eludan los planes de vacunación de los gobiernos.
En este sentido, se debe garantizar que los organismos de lucha contra la corrupción tengan recursos suficientes y otorgar protección a quienes denuncien posibles casos de corrupción en la salud en torno a las vacunas.