En una declaración de su comité central, el Partido Socialista (PS) del Frente Amplio expresa su postura frente a la gestión de la pandemia. En el comunicado se señala que “el gobierno ha resuelto blindar exclusivamente la economía de los sectores más poderosos y privilegiados y ha renunciado a revisar sus decisiones”, a pesar de ser “el peor país del mundo en muertes por covid en relación a la población”.
Acusan al gobierno, liderado por “el neoherrerismo”, de gobernar “para el 1% del país” compuesto por los uruguayos con mejores salarios, los propietarios de grandes establecimientos rurales y los poseedores de 90% de la riqueza empresarial. “Ni siquiera una emergencia sanitaria, en la que está en juego la vida, ha logrado detener la voracidad de ese proyecto clasista”, opinan, y agregan que no dejarán que impongan “su discurso como pensamiento único”.
Según el PS, “los actores de gobierno con frecuencia minimizan o enfocan con resignación” “el creciente número de fallecidos y contagiados” de coronavirus, “como si se tratara de una serie de efectos colaterales e inevitables. Su responsabilidad sobre la misma crece si tenemos en cuenta su absoluta negativa al diálogo así como la forma en que han desaprovechado las múltiples ventajas que tenía el país para afrontar la emergencia sanitaria”.
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En el PS insisten en la importancia de escuchar a actores calificados, como los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, y en convocar desde la sociedad “una agenda por la vida y la libertad real”. Esto implica, a su entender, “medidas contundentes de reducción de la movilidad y protección social, solidaridad organizada, cuidado y autocuidado, programas de emergencia, revisión de una política salarial regresiva, y distribución justa de los costos de la crisis”. En esta línea, adhieren al paro general previsto por el PIT-CNT para el 17 de junio.
En la declaración los integrantes del PS también comentan hechos políticos recientes, como la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, conducida por el secretario general del PS, Gonzalo Civila. Como dijeron en ese momento, entienden que la jerarca no pudo responder a las preguntas sobre las exoneraciones fiscales al director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Además de opinar que “no deberían permanecer un minuto más en sus cargos”, creen que es necesaria una “autocrítica por parte del elenco gobernante”.
Definen el acuerdo del gobierno con la empresa Katoen Natie como una “entrega de soberanía” y aseguran que tanto en este tema como en la reforma de la seguridad social su postura “será siempre la de la defensa de los intereses de la clase trabajadora y las mayorías sociales”.
A su vez, definen la recolección de firmas para llevar 135 artículos de la ley de urgente consideración a referéndum como la “principal tarea” para “terminar con el blindaje del gobierno nacional, que no se hace cargo de sus responsabilidades”. El PS sostiene que el Frente Amplio debe “contribuir a que la sociedad uruguaya conozca la verdad sobre las políticas concentradoras, represivas y privatizadoras del actual gobierno, y sobre todo a la construcción de una alternativa social y política sustentada en otros valores e intereses”.