Hace ya casi diez años que Uruguay integra la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por su sigla en inglés), una organización internacional que nuclea a gobiernos y organizaciones sociales que defienden los ideales de transparencia, colaboración y participación en la formulación e implementación de políticas públicas. Esta formalidad se ha traducido en decretos y planes que actualmente configuran las bases institucionales del gobierno abierto en nuestro país.
El recorrido comienza en 2011, cuando el gobierno nacional avala la Declaración de Gobierno Abierto y formalmente ingresa a la Alianza. Desde entonces, y como parte de las responsabilidades asumidas por integrarla, cada dos años son definidos los planes nacionales de gobierno abierto que son aprobados mediante decreto presidencial. Cada plan surge de la colaboración entre organismos públicos y organizaciones sociales, que fijan conjuntamente una serie de compromisos para los dos años de vigencia. A estos compromisos se llega a partir de la participación en talleres coordinados por la Agencia de gobierno electrónico y sociedad de la información y del conocimiento (Agesic) y pueden ser actividades, programas o iniciativas que estén relacionadas a los pilares del gobierno abierto –transparencia, colaboración y participación– y vinculadas con las áreas temáticas del organismo en cuestión.
También desde 2011 existe el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, que funciona bajo el mandato de Agesic. En su formación original sólo incluía a organismos públicos pero desde 2013 incluye a representantes de la sociedad civil y de la academia. Este grupo es el principal responsable de la coordinación y puesta en funcionamiento de las diversas instancias de cocreación, en las que los compromisos integrantes de los planes son definidos.
Plan tras plan, el número de compromisos y organismos públicos participantes ha crecido. El primero, aprobado en 2012, contó con la participación de apenas cinco organismos públicos que alcanzaron 17 compromisos. Mientras que el plan más ambicioso, aprobado en 2016, contó con la participación de 31 entidades públicas y se firmaron 75 compromisos. El más reciente es el 4º Plan Nacional de Gobierno Abierto de 2018. Está compuesto por 39 compromisos y participaron 33 organismos.
El plan de 2016 no parece fruto de la casualidad. La política de apertura del gobierno uruguayo entre 2015 y 2017 infundió un impulso significativo. Además de los 75 compromisos de gobierno abierto asumidos, en estos años se dieron avances claves en la consolidación de una política nacional de datos abiertos. Uruguay adhirió oficialmente a la Carta Internacional de Datos Abiertos en 2015 y se incluyó en la Ley de Presupuesto de ese año un artículo que obliga a los organismos públicos a publicar en formato abierto la información relativa a sus funciones, organigrama, presupuesto y más (lo que se denomina transparencia activa en la ley 18.381). En 2016 comenzó a trabajar el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos, una instancia coordinada por Agesic en la que participan organismos públicos, representantes de las organizaciones sociales integrantes de la Red de Gobierno Abierto, y académicos de la Universidad de la República. Finalmente, en 2017 se firmó el Decreto 054/17 que reglamenta la Licencia de Datos Abiertos Uruguay, una serie de especificidades técnicas para la publicación de información pública en formatos abiertos.
En la actualidad, el proceso de cara al diseño del 5º plan ya está en marcha. Las etapas de consulta y participación y el cronograma de trabajo ya han sido aprobados. La propia Red de Gobierno Abierto ya está implementando talleres de inducción al proceso para organizaciones sociales interesadas en participar.
El camino del gobierno abierto en Uruguay no está cerrado. Su trayectoria de casi diez años genera las bases institucionales que permiten su continuidad. Ahora la oportunidad está del lado de la profundización. Lograr un proceso de apertura transversal e integrador, que produzca un Estado más transparente, participativo y colaborativo, para todos y todas, de acá y de allá.
Eliana Álvarez - Magíster en Políticas Públicas por la Universidad Católica del Uruguay. Asistente de investigación del Departamento de Ciencias Sociales de dicha universidad. Presidenta de la organización social Cívico.